Editorial: Bruno Hernández Ramos, Secretario del Interior de Cartagena, posa en Cartagena como un protagonista de novela: impecable en la foto, elegante en el gesto, siempre listo para el encuadre. Pero a la hora de actuar como le corresponde en su calidad de secretario del Interior y velar por la seguridad de la ciudad, su desempeño recuerda más al Chompiras, ese personaje torpe y caricaturesco creado por Chespirito, que junto a El Botija y La Chilindrina marcó a toda una generación que se reía de sus ocurrencias. El problema es que Cartagena no está para comedias ni para improvisaciones.
Hoy, más que un funcionario serio, Hernández se parece a un chiste mal contado. Mientras se dedica a proyectar una imagen de liderazgo y a recorrer escenarios políticos como si ya estuviera en campaña, la realidad de la ciudad avanza en sentido contrario. Cartagena vive una crisis de seguridad que no se puede ocultar con discursos ni con estrategias de comunicación. La ciudadanía lo sabe, lo siente y lo padece.
El más reciente informe de Cartagena Cómo Vamos es contundente. El 53 % de los habitantes manifestó sentirse inseguro en la ciudad, una cifra que evidencia un deterioro alarmante en la percepción ciudadana. Más grave aún, el 63 % considera que en Cartagena no se respeta la vida. No es solo miedo: es desconfianza estructural frente a las instituciones y frente a quienes tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos.
La inseguridad dejó de ser una sensación para convertirse en una experiencia cotidiana. El hurto en las calles, el accionar de pandillas, las riñas y los homicidios configuran un escenario en el que la gente siente que está sola. El crecimiento de los delitos contra el patrimonio, la persistencia de la violencia homicida y los niveles de impunidad generan un clima de desesperanza que ningún funcionario puede ignorar. Cada cifra representa una familia rota, un barrio afectado y una comunidad que pierde la confianza.
Lo preocupante no es solo el aumento de la criminalidad, sino la falta de liderazgo político para enfrentarla. Cartagena necesita estrategias integrales, articulación institucional, inteligencia, prevención social y resultados verificables. Sin embargo, la sensación dominante es que la seguridad se administra más desde la narrativa que desde la acción.
En los círculos políticos de la ciudad ya se comenta que Hernández aspira a ser el heredero del proyecto de Dumek Turbay. Pero la pregunta es inevitable: ¿heredero de qué? ¿De una ciudad que aún no logra consolidar una política de seguridad sostenible? ¿De una administración que no ha logrado devolverle la tranquilidad a los barrios populares? ¿De un modelo que prioriza la visibilidad sobre la eficacia?
El problema de quienes hacen política desde la imagen es que tarde o temprano la realidad los alcanza. Cartagena no necesita candidatos prematuros ni funcionarios distraídos en su futuro electoral. Necesita servidores públicos concentrados en resolver los problemas urgentes de hoy.
La seguridad no es un trampolín político. Es la base de la dignidad urbana. Cada día que pasa sin resultados profundiza el miedo, la desconfianza y el desgaste institucional. Los cartageneros no están esperando promesas, están esperando hechos.
Si Bruno Hernández quiere construir una carrera política seria, debería empezar por entender que la confianza no se hereda, se gana. Y en una ciudad golpeada por la violencia, esa confianza solo se construye con resultados reales, no con fotografías ni con discursos.
Cartagena no necesita protagonistas de ficción. Necesita liderazgo, responsabilidad y decisiones firmes. Porque cuando la inseguridad crece, lo que está en juego no es el futuro de un candidato, sino la vida de toda una ciudad.
