En Tumaco, Nariño, el municipio con mayor producción de hoja de coca en Colombia, comunidades indígenas y afrodescendientes erradicaron voluntariamente cultivos ilícitos para acceder a la tierra. Como resultado, recibieron 2.835 hectáreas en el marco de la Reforma Agraria, una medida que apunta a reemplazar economías ilegales por proyectos productivos lícitos.
La entrega se dio tras años de bloqueo institucional, pues los expedientes de compra y formalización de predios permanecieron archivados por más de una década, debido a la presencia de coca en los terrenos. Esta situación dejó a cientos de familias en un limbo jurídico, sin alternativas reales distintas al cultivo ilícito.
La estrategia denominada “Erradicar para la Paz” plantea que la erradicación voluntaria, acompañada de acceso a la tierra, puede ser más efectiva que las políticas represivas aplicadas en el pasado. De hecho, según cifras oficiales, 22.000 familias avanzan actualmente en procesos de sustitución voluntaria, mientras que entre 2022 y 2025 se reportó una reducción del 56,9 % en nuevos cultivos de coca a nivel nacional.
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Sin embargo, el caso de Tumaco también deja en evidencia una falla estructural del Estado: durante años se exigió erradicar sin ofrecer derechos, tierra ni garantías. Solo cuando las comunidades decidieron arrancar la coca de manera colectiva, el acceso a la propiedad se destrabó. Una ecuación que plantea una pregunta incómoda: ¿por qué la tierra solo llega después de décadas de abandono y estigmatización?
Con esta entrega, el país alcanza 34.242 hectáreas intervenidas en zonas con presencia de cultivos ilícitos, bajo un enfoque que combina Reforma Agraria y sustitución voluntaria. Tumaco deja de ser únicamente un símbolo del narcotráfico para convertirse en un laboratorio de transición, aunque el reto sigue siendo sostener estas apuestas con inversión real, seguridad y acompañamiento permanente.
