La narrativa según la cual Estados Unidos “regresa” a América Latina es falsa y funcional. Estados Unidos nunca abandonó la región; simplemente ha mutado sus formas de intervención. Hoy, como ayer, el narcotráfico opera como un dispositivo discursivo que legitima la injerencia política, militar y económica sobre Estados soberanos, especialmente aquellos que intentan redefinir su política exterior o cuestionar el orden hemisférico tradicional. La llamada guerra contra las drogas, ampliamente desacreditada desde la evidencia académica y científica, no ha reducido ni la oferta ni la demanda de estupefacientes, pero sí ha permitido la militarización de territorios, el control geoestratégico y la subordinación institucional de países como Colombia.
Lo verdaderamente revelador no es esa estrategia, conocida y documentada desde hace décadas, sino el comportamiento de los medios tradicionales colombianos frente a este escenario. Su cubrimiento no es neutral ni inocente: es prudente, tibio y calculadamente ambiguo. No por falta de información, sino por exceso de intereses. Los grandes medios del país no son únicamente empresas periodísticas; son extensiones de conglomerados económicos con inversiones en banca, infraestructura, agroindustria, energía, comercio y entretenimiento. Esa estructura condiciona el relato. Criticar abiertamente a Estados Unidos, problematizar su agenda de seguridad o señalar el uso político del narcotráfico implica incomodar relaciones financieras, flujos de capital, acuerdos comerciales y alianzas estratégicas de quienes controlan esas salas de redacción.
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Desde la sociología de la comunicación y la economía política del periodismo, esto no es una hipótesis ideológica sino un hecho estructural. Cuando la propiedad de los medios está concentrada en élites económicas con intereses transnacionales, el periodismo deja de cumplir una función deliberativa y se convierte en un gestor de consensos. Por eso el discurso dominante reduce la discusión a lugares comunes sobre cooperación, lucha contra el crimen y estabilidad regional, evitando cualquier análisis profundo sobre soberanía, autodeterminación o dependencia. El silencio, en este caso, no es omisión: es alineamiento.
En contraste, los medios emergentes y alternativos han asumido un rol que incomoda precisamente porque no responde a esas mismas lógicas de acumulación. Con menos recursos pero mayor libertad editorial, han puesto sobre la mesa debates que los grandes medios eluden: la eficacia real de la política antidrogas, el impacto social de la militarización, el historial de intervenciones extranjeras en América Latina y el derecho de Colombia a definir su propio rumbo sin tutelajes. No son perfectos ni homogéneos, pero cumplen una función democrática esencial: romper el cerco narrativo.
El problema de fondo no es Estados Unidos ni su política exterior, que actúa conforme a sus intereses históricos. El problema es una prensa tradicional que, atrapada entre negocios y poder, renunció a su deber crítico. Mientras el miedo a perder privilegios determine la línea editorial, el país seguirá recibiendo versiones edulcoradas de una realidad que exige ser nombrada con rigor, valentía y honestidad intelectual. Decir las cosas como son hoy no es radicalismo: es una obligación ética.
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