El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visado a siete ciudadanos colombianos y sus familias, entre ellos Ricardo Roa, ex presidente de Ecopetrol; el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y los exrepresentantes Wadith Manzur y Karen Manrique. La medida forma parte de una decisión que alcanza a 21 personas vinculadas por Washington con actividades de corrupción o narcotráfico.
Alcance de las restricciones de visado
La lista de colombianos también incluye a Julio Elías Chagui, Liliana Esther Bitar y José Ignacio Mesa. El Departamento de Estado señaló que su política se dirige a extranjeros cuyas actividades de corrupción o narcotráfico socavan a gobiernos elegidos democráticamente, sin distinción de afiliación política. La inclusión en la medida no equivale a una condena en los procesos que enfrentan algunos de los señalados en Colombia.
El secretario de Estado puede denegar un visado, en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, cuando considere que existen motivos razonables para creer que el ingreso o las actividades propuestas de un extranjero tendrían consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense. La decisión se enmarca en los compromisos de la Cumbre de Doral celebrada en marzo y en una declaración de líderes del Escudo de las Américas del 22 de septiembre.
Entre los afectados está Ricardo Roa, exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. En Colombia afronta procesos penales relacionados con la financiación de esa campaña y con una operación inmobiliaria vinculada a una presunta gestión contractual en el sector energético. Roa se ha declarado inocente en ambos casos.
Procesos de los colombianos incluidos
En el expediente electoral, la Fiscalía investiga una presunta superación de los topes de gastos en las dos vueltas presidenciales. El exceso señalado sería de cerca de $1.388 millones en la primera vuelta y de unos $276 millones en la segunda. El ente acusador también examina gastos y aportes que, a su juicio, no habrían sido registrados adecuadamente.
El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, tiene investigaciones relacionadas con presunto enriquecimiento ilícito y posibles anomalías en la contratación del Programa de Alimentación Escolar. La Fiscalía trasladó cuatro expedientes que avanzaban en Sucre a la Dirección Especializada contra la Corrupción en Bogotá.
Por su parte, Wadith Manzur y Karen Manrique enfrentan procesos por cohecho impropio ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Las investigaciones se relacionan con presuntos ofrecimientos o beneficios ligados a proyectos de obra pública a cambio de respaldar operaciones de endeudamiento desde el Congreso, en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Manzur fue representante a la Cámara y figura como senador electo; Manrique también fue representante por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Los procesos judiciales en Colombia siguen su curso mientras las restricciones estadounidenses se aplican a los ciudadanos incluidos y a sus núcleos familiares.
