Un grupo de exministros de Salud hizo pública una carta en la que cuestionaron el nuevo modelo de salud puesto en marcha por decreto por parte del Gobierno nacional.
Según los exfuncionarios, la medida del Gobierno, además de ser antidemocrática, generó una gran incertidumbre frente a aspectos determinantes para la sostenibilidad del sector, como la capacidad operativa y financiera.
“La expedición del mencionado decreto que adopta el ‘Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo’ como política de salud, materializa la preocupación que hemos expresado frente al profundo deterioro en el acceso a los servicios de salud que afronta la población colombiana. Después de tres años de intensa discusión sobre un proyecto de reforma legislativa en el Congreso de la República, el Gobierno Nacional ha optado por emitir un decreto que, en la práctica, pasa por encima de la institucionalidad democrática y de la división de poderes”, indicaron los exministros a través del documento.
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Entre los firmantes estuvieron Alejandro Gaviria, Augusto Galán, Jaime Arias, Mauricio Santamaría y Beatriz Londoño, entre otros.
Los exministros aseguraron que distintos analistas prevén un posible colapso, similar al ocurrido con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), si se aplica este nuevo modelo.
Según el análisis del documento, el decreto no representó una solución estructural a la crisis del sistema de salud colombiano. Por el contrario, aumentó la incertidumbre institucional, operativa y financiera. Aspectos como la libertad de elección podrían verse amenazados, el acceso al servicio podría restringirse por la fragmentación de la red y también se advirtió un posible deterioro de la calidad de los servicios por una estatización improvisada.
“Compartimos la importancia de la atención primaria en salud, el fortalecimiento del talento humano y la calidad —componentes relevantes del actual sistema con los cuales se han alcanzado logros importantes—, pero la ejecución normativa del decreto revela un intento de reforma de facto, sin respaldo legal explícito, ni financiación clara, ni estudio técnico transparente”, concluyeron.
En atención a estas situaciones, los exministros pidieron al Consejo de Estado tomar medidas cautelares para impedir los cambios propuestos por el Gobierno, hasta tanto no haya un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad del instrumento jurídico.
