El Gobierno nacional expedirá en los próximos días un decreto que establece un tope al valor de la Vivienda de Interés Social (VIS), con el objetivo de impedir grandes incrementos después de conocerse el aumento al salario mínimo para el 2026.
Según el borrador de decreto más reciente publicado por el Ministerio de Hacienda, el valor máximo de la Vivienda de Interés Social se fijaría, como regla general, en el equivalente a ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, a $236.372.175.
El decreto también establece que ahora las promesas de compraventa para acceder a proyectos de vivienda VIS deben establecerse desde un principio en pesos colombianos. Además, como principal medida, se prohibiría que las constructoras comercialicen los proyectos en precios asociados al salario mínimo.
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El Gobierno aseguró que esta medida busca impedir incrementos masivos en los precios de vivienda y asegurarse de que los precios equivalgan a costos reales de construcción y a las normas de protección al consumidor.
No obstante, distintos expertos prevén que esta decisión se basó en un diagnóstico incompleto, pues el salario mínimo no es lo único que importa en el incremento de la vivienda.
El exdirector de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, alertó que los cambios propuestos por el Gobierno generan una distorsión en la formación de los precios del sector.
“El cambio propuesto por el Gobierno para definir el precio de la vivienda VIS y VIP parte de un diagnóstico incompleto. Aunque la indexación al salario mínimo tiene problemas, el salario mínimo es un determinante central de los costos de construcción, en particular de la mano de obra. Desvincular el precio final de la vivienda de uno de sus principales costos introduce una distorsión en la formación de precios”, indicó Luis Fernando Mejía.
“Además, la fijación de topes homogéneos a nivel nacional desconoce las profundas diferencias regionales en costos de suelo, trámites e infraestructura. Lejos de abaratar la vivienda, esta rigidez regulatoria puede terminar limitando el acceso efectivo, reduciendo la disponibilidad de unidades y empujando a los hogares de menores ingresos hacia soluciones informales o de menor calidad”, añadió el economista.
Mejía aseguró que en el sector de vivienda social, los controles de precios indirectos no eliminan los problemas de fondo; por el contrario, se traducen en menos oferta, peor localización y mayores barreras de acceso.
De Colprensa
