La Alcaldía de Cartagena completó la demolición del edificio Aquarela, una construcción que se erguía desafiante a solo 200 metros del emblemático Castillo de San Felipe. Este proyecto, iniciado con la promesa de viviendas de interés social, se convirtió en un símbolo del descontrol urbanístico que amenaza el patrimonio de la ciudad.
¿Por qué se permitió construir tan cerca del patrimonio cultural?
Desde su autorización en 2015, el edificio Aquarela despertó controversia. La licencia, otorgada por el curador urbano Ronald Llamas Bustos, se basó en un Plan de Ordenamiento Territorial que se contradijo con el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, aprobado el mismo año, que limitaba la construcción en la zona. La permisividad con la que se concedieron estas licencias refleja una falta de visión que puso en riesgo la identidad cultural de Cartagena.
La presión internacional llevó a la acción
Fue la advertencia de la Unesco en 2019 sobre el riesgo de perder la declaración de Patrimonio de la Humanidad lo que finalmente obligó al Gobierno Nacional a actuar. Si bien la Alcaldía optó por una demolición controlada, una solución más económica que la implosión inicialmente considerada, la pregunta sigue en el aire: ¿por qué se esperó tanto tiempo para tomar medidas?
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Acciones judiciales necesarias para reparar el daño
El alcalde Dumek Turbay ha afirmado que el Distrito buscará cobrar los costos de demolición al desarrollador. Sin embargo, queda la incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo esta reparación y si realmente se restituirá a los afectados por este fiasco urbanístico. Las acciones judiciales son un paso necesario, pero no son suficientes para recuperar la confianza de la comunidad, que se siente desprotegida ante decisiones tan irresponsables.
Lecciones no aprendidas
La demolición del Aquarela marca el final de un capítulo doloroso en la historia urbanística de Cartagena, pero también es un recordatorio de la importancia de la planificación adecuada y el respeto por el patrimonio cultural. La ciudad no puede permitirse otro error de esta magnitud. La protección de su legado histórico debe ser una prioridad, y las lecciones de este caso deben llevar a una revisión profunda de las políticas urbanísticas y de construcción.
