Inicia una nueva etapa dentro de la investigación por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Fiscalía anunció que imputará a ocho presuntos involucrados en la reducción de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Entre los imputados está César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
También serán imputados el abogado Édgar Riveros Rey; los contratistas Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo; el representante de ventas Édgar Echeverri Toro; el jefe de ventas, Francisco Javier Estupiñán Bravo; Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública; y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD.
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La investigación apunta a que dentro de la UNGRD se creó una «organización criminal», como lo denomina la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.
Todo dirigido por López, quien para ese momento era el director, y Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como «El pastuso», quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya imputados.
De Colprensa para Nación Costeña.
