El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha pedido al Gobierno que estudie no conceder el plácet a Carlos Felipe Mejía como embajador de Colombia en España. El diputado de Sumar cuestiona el perfil del exsenador por sus posiciones contra el proceso de paz colombiano.
Preguntas al Ejecutivo
Santiago trasladó su petición mediante preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno. En ellas solicita que el Ejecutivo valore el perfil de Felipe Mejía antes de concederle el beneplácito diplomático y pregunta expresamente si contempla denegar la acreditación.
El dirigente de IU rechaza que el exsenador colombiano sea designado embajador a propuesta del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Lo define como un “enemigo de la paz” y vincula su postura política con posiciones de extrema derecha.
El diputado sostiene que Felipe Mejía fue un destacado opositor al fin de los conflictos armados y al acuerdo de paz suscrito en 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC. Santiago participó como mediador en ese proceso.
El plácet al embajador
Para IU, la trayectoria del candidato contra el proceso de paz y la reconciliación cobra relevancia por el acompañamiento internacional que España ha desempeñado y continúa desempeñando en Colombia. Santiago recordó además que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación reiteró en abril su compromiso con la paz y la estabilidad en el país.
El parlamentario también atribuye a Felipe Mejía antecedentes de difusión de noticias falsas y declaraciones dirigidas a socavar las instituciones del proceso de paz, además de una actividad en redes sociales que considera hostil hacia adversarios políticos.
Santiago señaló que ha conocido manifestaciones de preocupación en la comunidad colombiana residente en España por la designación. Entre ellas citó una iniciativa pública que reclama al Gobierno examinar el nombramiento y atender a la trayectoria pública del candidato.
La iniciativa de IU invoca el artículo cuarto de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que exige que el Estado acreditante obtenga previamente el asentimiento del Estado receptor para quien vaya a encabezar una misión diplomática. La norma establece que este último no tiene obligación de comunicar los motivos de una eventual negativa.
Con esa base, Santiago considera que el Gobierno debe determinar si el candidato es adecuado antes de resolver sobre su acreditación. La petición parlamentaria queda centrada en la valoración del Ejecutivo sobre el plácet de Felipe Mejía.
