La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y varias entidades del Gobierno avanzaron en la construcción de un decreto que reglamenta las condiciones para que los comparecientes puedan cumplir las Sanciones Propias y las medidas restaurativas que impondrá el tribunal.
El proyecto normativo es fundamental para la ejecución de las primeras sentencias restaurativas del Tribunal para la Paz. En este se establecen las reglas para que entidades públicas y privadas que decidan vincularse permitan a los sancionados realizar Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador (TOAR) y Medidas de Contribución a la Reparación (MCR).
Un punto clave del decreto es que la ejecución de estas sanciones no generará una relación laboral o un vínculo contractual con los comparecientes. Sin embargo, sí se les deberá garantizar la afiliación a la seguridad social, la protección contra riesgos laborales y condiciones dignas de habitabilidad.
La propuesta de decreto también establece que el Gobierno debe asegurar las condiciones de seguridad tanto para los comparecientes como para las comunidades que los recibirán. Además, se ordena al Ejecutivo proporcionar el marco institucional necesario para hacer efectivas las restricciones de derechos y libertades que se aplican a los sancionados mientras cumplen su condena.
Durante la reunión, la JEP hizo un llamado al Gobierno y al Congreso para que se dé una alta prioridad estratégica a la asignación de recursos en el Presupuesto General de la Nación de 2026, con el fin de implementar los primeros proyectos restaurativos.
El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, explicó la importancia del trabajo articulado para que las sentencias no se queden en el papel. «Este es un ejercicio inédito en Colombia. Queremos que las sentencias sean viables y nosotros, como órgano judicial, queremos que las órdenes lleguen a los territorios. (…) Este camino es el difícil, pero es el que le dará legitimidad a la JEP y seguridad jurídica a los comparecientes», dijo Ramelli.
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Por su parte, el director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, Juan David Villalba, afirmó que las entidades se comprometieron a trabajar para que el Estado garantice los recursos económicos. «Es importante que este decreto salga pronto para brindar respuestas efectivas a las sentencias que expida la Jurisdicción Especial para la Paz», afirmó Villalba.
La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, subrayó la obligatoriedad del Gobierno de garantizar el cumplimiento de las sanciones y destacó la importancia de la seguridad. Señaló que la compleja situación de violencia que atraviesa el país requiere que todas las entidades consideren las condiciones especiales del momento.
El jefe adjunto de la Misión de Verificación de la ONU, Raúl Rosende, valoró la coordinación entre la JEP y el Gobierno. Rosende recordó que parte del mandato de la Misión es verificar que el Estado cree las condiciones para que los comparecientes puedan cumplir con las sanciones.
Señaló que en la próxima sesión del Consejo de Seguridad, en octubre, se deberá reportar lo que ha pasado con los diferentes puntos del Acuerdo Final, incluido el de las sanciones. «Sería importante reportar que las sanciones han sido impuestas, pero también que el Estado está creando esas condiciones [para cumplirlas]», concluyó.
Esta sesión se realizó semanas después de las audiencias públicas de verificación en los Casos 01, sobre secuestros, y el Subcaso Costa Caribe del Caso 03, sobre «falsas bajas en combate». En dichas audiencias, se verificaron los aportes a la verdad de los comparecientes y se presentaron los compromisos del Estado para el cumplimiento de los proyectos que se impondrán como Sanciones Propias.
De Colprensa
