Como si fuera un concierto en el que se volverán a interpretar varias piezas musicales, con diferente ritmo y letra, es lo que está pasando otra vez con la agenda legislativa del Gobierno nacional en el Congreso, en donde desde ya se prevé que se repetirá algo que no es desconocido: el posible hundimiento de buena parte de la misma, todo por falta de mayorías y por el ambiente político crispado que hay en el país.
En el repertorio hay de todo, comenzando por leyes claves como las reformas a la salud o la de sometimiento, como también las dos económicas fundamentales para el Gobierno, el presupuesto general de la Nación para 2026 y la ley de financiamiento o también conocida como reforma tributaria. Hay otras, como la nueva que busca subsanar la creación del Ministerio de la Igualdad y la ley de competencias, con la cual se empieza a implementar la reforma al sistema general de regalías.
Y si bien hacen falta casi dos meses y medio para que terminen las sesiones ordinarias, tiempo que sería suficiente para la aprobación de esos proyectos, hay muchas situaciones, en especial políticas, que acechan su trámite y no pareciera que estén fáciles de lograr su consolidación como una ley.
La reforma a la salud
Este proyecto, que hace parte de las tres reformas fundamentales que presentó el presidente Gustavo Petro, es el único que no ha podido convertir en ley, como sí pasó con las reformas laboral y pensional. La de salud es una “partitura” que se repite, se tramita en el Senado, en donde el Gobierno nunca, en los más de tres años que lleva, logró tener unas mayorías suficientes, contrario a lo que sí pasó en la Cámara de Representantes.
La reforma a la salud está en la Comisión Séptima del Senado. Allí está desde abril pasado estancada; tan sólo hasta hace dos semanas fue que su discusión arrancó de lleno, con tres ponencias para su discusión: una del Gobierno, una alternativa y una que pide su hundimiento, la cual es precisamente la que se discute.
Ninguna de las tres ponencias, por ahora, parecería que tuviera los votos para avanzar a la plenaria. Sin embargo, la discusión mayor se ha centrado en la ponencia alternativa que presentó la senadora del Partido de la U Norma Hurtado. La controversia se genera, según el Gobierno, en que la misma está fundamentada en que el modelo planteado permitirá que se sigan robando los recursos de la salud.
Al respecto, el presidente Gustavo Petro se opone a que la misma sea aprobada por considerar que “lo que veo es que decidieron encubrir el robo. Las propuestas de reforma de la llamada ponencia alternativa se hicieron exclusivamente para preservar el sistema de robo, que se ha hecho por billones, al pueblo colombiano”.
En sus críticas, Petro citó a Dilian Francisca Toro, la hoy gobernadora del Valle, con quien en su momento, como directora del Partido de la U, habría logrado algunos acuerdos. Toro de inmediato le respondió y le dijo: “Presidente, hace dos años, cuando era presidenta del Partido de la U, le sugerí mejoras a su proyecto de reforma a la salud. Esas mejoras no solo buscaban salvar el sistema financieramente, sino que, conocedora, como soy, del sector salud y de las regiones, incluían soluciones a los problemas que los pacientes viven todos los días para ser atendidos. Hasta donde hice seguimiento al tema, su Gobierno no incluyó todo lo que habíamos sugerido”.
La suerte del proyecto en la comisión es compleja. Su discusión se retomará tan sólo hasta el 14 de octubre, porque la próxima es la semana de receso y la actividad legislativa en el Senado será mínima, por lo que la Comisión Séptima no tiene previsto retomar la discusión.
El Gobierno no es optimista del futuro de la reforma en la comisión, de ahí que sus aliados ya tienen lista la estrategia de apelar si se llega a hundir, similar a como pasó con la reforma laboral, la cual se hundió en la Comisión Séptima, pero luego se aprobó en la Comisión Cuarta, lo que le permitió que fuera aprobada en la plenaria.
Presupuesto y tributaria
Estos proyectos también presentan un escenario complejo. Por el lado del presupuesto general, el mismo ya pasó para las plenarias del Senado y la Cámara, luego de un dificultoso paso por las comisiones económicas.
El presidente de la Cámara, Julián López, ya anunció que el mismo está agendado para después del 14 de octubre, similar a como lo hará el Senado, pese a que su presidente, Lidio García, aún no ha informado el cronograma para el mismo. El proyecto, para que sea ley y no sea por decreto como sucedió para el 2025, tendrá que ser aprobado por el Congreso máximo el 20 de octubre. Su paso a la sanción presidencial se podría dar porque hay principio de acuerdo entre todos los sectores.
No pasa lo mismo con el proyecto de ley de financiamiento, el cual, pese a que se radicó en agosto por 23,6 billones de pesos, bajará a 13,6 billones, esto por el recorte que se hizo de 10 billones en el presupuesto. Pese a ese ajuste, la reforma tributaria no tiene respaldo en las bancadas por muchas razones. Por un lado, la oposición considera que el país no aguanta un impuesto más, mientras que los sectores afines al Gobierno no ven conveniente promover más impuestos en plena campaña.
Ley de sometimiento
Este proyecto, desde que fue presentado, arrancó con un mal panorama, al punto que en este momento provocó un duro enfrentamiento al interior del Gobierno, con la pelea entre los ministros de Justicia, Eduardo Montealegre, y del Interior, Armando Benedetti, por, entre otros temas, el proyecto.
La iniciativa busca cerrar el propósito de la paz total del presidente Gustavo Petro, quien ha abierto procesos de negociación con la mayoría de los grupos ilegales del país, por lo que requiere un marco legal para la desmovilización de los mismos, en donde se tengan beneficios concretos.
El proyecto está en la Comisión Primera de la Cámara y ha tenido cuatro audiencias públicas, en las cuales han sido más los cuestionamientos que los apoyos. Por el momento no se tiene una ponencia y las voces de rechazo siguen en aumento, como por ejemplo la postura de la Defensoría del Pueblo.
Otras leyes
En la agenda por discusión están dos proyectos más. Uno es el que vuelve a crear el Ministerio de la Igualdad, esto porque en su paso por la Corte Constitucional se identificó que tuvo errores en su trámite y le dio dos años al Congreso para volver a aprobar la ley.
El otro proyecto, que apenas es un borrador, pero que debería llegar prontamente, es el que le da competencias para la implementación de la reforma constitucional del sistema general de participaciones, el cual le da más recursos a los municipios y los departamentos. Esta ley es de mucho interés para todos los sectores, por lo que se prevé tendrá un trámite sin mayores dificultades.
Lo cierto es que quedan unas diez semanas para el cierre de la legislatura, tiempo en el que vendrán decisiones fundamentales para el Gobierno.
