La Fundación Luz y Sonrisas, vinculada a la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, respondió a la orden judicial de detallar el uso de las donaciones para las víctimas del terremoto de agosto. El senador Alejandro Ocampo, que promovió el recurso, considera insuficiente la respuesta y anunció que volverá ante el juez.
Las cuentas de las donaciones
El juez había ordenado entregar un informe de gestión claro y preciso sobre los aportes que la fundación recibió, administró, canalizó o distribuyó. La decisión surgió de un recurso presentado por Ocampo, en medio de cuestionamientos de la oposición y algunos medios locales sobre las cifras de las donaciones y la llegada de ayuda a las zonas más afectadas.
En su respuesta, la fundación afirmó que recibió 17 millones de dólares, además de ayudas humanitarias procedentes de Estados Unidos, España y Panamá. El documento señala que destinó el 81% de los recursos económicos a la reconstrucción de instituciones educativas en Cali.
La entidad sostuvo que no recibió ni administra recursos públicos y que tampoco ejerce funciones públicas ni presta servicios públicos. Amparándose en la reserva legal de sus libros y documentos privados, no entregó los registros contables, comprobantes ni extractos bancarios detallados solicitados.
La cifra comunicada por la fundación contrasta con los más de 200 millones de dólares que, de acuerdo con la oposición y algunos medios locales, suman las donaciones anunciadas por el presidente Abelardo de la Espriella en sus redes sociales. Ese contraste forma parte de los cuestionamientos sobre el manejo de los aportes.
El reclamo de Alejandro Ocampo
Ocampo afirmó que la fundación respondió solo uno de los ocho puntos sobre los que, a su juicio, debía pronunciarse por orden del juez. El senador anunció que presentará un escrito al tribunal y que interpondrá un incidente de desacato. También sostuvo que el destino de las donaciones para las víctimas debe estar sujeto a rendición de cuentas, aunque se trate de recursos privados.
Antes de esta respuesta, un informe presentado por Pineda indicaba que 48.000 personas recibieron ayuda humanitaria, sin detallar de qué tipo. Tampoco desglosaba el dinero ejecutado en los lugares donde resultaron dañadas viviendas, escuelas y hospitales. La primera dama había declarado en una entrevista que los recursos se utilizarían en una segunda fase de reconstrucción.
El terremoto del 10 de agosto, de magnitud 7,4, dejó más de 330 muertos y destruyó más de 30.000 viviendas. La oposición y algunos medios locales sostienen que la ayuda no ha llegado a las zonas más afectadas del oeste de Colombia. Tras recibir la respuesta de la fundación, Ocampo llevará ahora su inconformidad ante el juez.
