La muerte de Isaías David Rojas, un bebé con una cardiopatía congénita, volvió a poner en el centro del debate las fallas del sistema de salud en Colombia. El menor falleció en una clínica de Cartagena tras permanecer cerca de 50 días a la espera de una cirugía cardíaca de alta complejidad que nunca se realizó a tiempo.
Su estado era crítico desde el nacimiento. Requería una intervención urgente en un centro especializado, pero su traslado dependía de autorizaciones administrativas que se prolongaron durante semanas.
Isaías había sido remitido desde Valledupar con la esperanza de acceder a atención médica especializada. Sin embargo, su caso quedó atrapado en procesos internos que retrasaron decisiones clave para su supervivencia.
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De acuerdo con lo conocido, la remisión estaba sujeta a la aprobación de la Nueva EPS, trámite que no se resolvió con la urgencia que exigía su condición.
Mientras avanzaban los días, el menor permanecía en una unidad de cuidados intensivos. Su evolución era vigilada, pero sin la cirugía requerida, el margen de respuesta médica era limitado.
Durante semanas, los familiares del menor insistieron en acelerar el proceso. Buscaron apoyo, elevaron solicitudes urgentes e intentaron gestionar su traslado a ciudades como Bogotá o Medellín, donde existían las condiciones para realizar la intervención.
Sin embargo, las respuestas no llegaron a tiempo. Cuando finalmente se autorizó el traslado a Cartagena, el estado del menor ya era irreversible.
El caso ha generado una ola de indignación y vuelve a evidenciar las barreras administrativas que enfrentan los pacientes, especialmente en situaciones críticas.
