El Tribunal Administrativo del Atlántico dio un plazo perentorio de 45 días para que se haga el cierre del Puente Laureano Gómez (Puente Pumarejo), debido al deterioro de la estructura, la presencia de ranuras y huecos en la superficie, que podrían afectar la integridad de las personas que lo siguen utilizando para pasar del departamento del Atlántico al Magdalena y viceversa.
La medida fue tomada luego de que el Personero Distrital Miguel Ángel Alzate impulsara una Acción Popular tras una visita realizada en agosto pasado. Con base en expertos, se conoció del abandono en que se encuentra el puente, el avanzado estado de deterioro de la estructura, las ranuras que presenta y el hurto de los elementos metálicos que la sostienen.
“La pretensión principal que tiene la Personería, a través de esta Acción Popular, es la demolición según los estudios técnicos, lo cual no implica una demolición total, sino una demolición parcial según los diseños contratados hace mucho tiempo por el Invías y Puerta de Oro o según nuevos estudios que se hayan realizado”, explicó Alzate a Emisora Atlántico.
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Argumentó que debe realizarse una demolición “porque su permanencia, tal cual como está, constituye una omisión estatal injustificada que hace ineficaz el objeto funcional del nuevo puente, que no era otro que permitir el paso de grandes embarcaciones”.
Recordó que si se mantiene el viejo puente se comprometen grandes recursos, como los 800.000 millones que costó el Nuevo Puente Pumarejo. “Y dejarlo de esta manera no solamente va a frustrar el propósito de esa inversión que realizó la Nación, sino que, como se ha hablado ampliamente, genera impactos negativos directos sobre la población y sobre el ecosistema”.
Manifestó que la Acción Popular ya fue admitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico. “Y lo que acogió fue una de las medidas cautelares que presentamos, que fue el cierre inmediato de esta vía, en el entendido de que había un deterioro por su abandono, un deterioro notorio estructural, que genera un riesgo para las personas que día a día están transitando por ahí: peatones, bicicletas, vehículos de tracción animal e incluso embarcaciones de pescadores que pasan debajo, que por el desprendimiento de ciertas partes del puente pueden estar en riesgo”.
“Nosotros estamos muy atentos a que se cumpla la orden judicial, que fueron 45 días para este cierre, y de alguna manera se atienda este riesgo que tiene la población”, enfatizó el personero Alzate en Emisora Atlántico.
Posible uso turístico del antiguo puente
El Personero Distrital considera que el Puente Laureano Gómez debe conservarse parcialmente. “Insisto, según los diseños que actualmente existen, permitir que sea un sitio eventualmente turístico. Lo que sí no podemos permitir es que continúe toda la infraestructura, que impida el paso de grandes embarcaciones”.
Recordó que el antiguo puente tiene 16 metros de gálibo, lo cual impide el paso de embarcaciones de gran calado. En cambio, el nuevo puente tiene 45 metros de altura, y su demolición “va a permitir, sin duda, el desarrollo de la actividad portuaria, que fue el objetivo y la planeación del contrato”.
“De no hacerse, estamos frente a un daño patrimonial y una vulneración al derecho colectivo a la moralidad pública, si se mantiene esta infraestructura en pie”, advirtió.
Finalmente, indicó que a través de esta vía judicial, con órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico, se podría encauzar una solución definitiva. “Esperemos que las decisiones se tomen en el corto plazo para evitar que la demolición, así sea parcial, siga encareciéndose. En 2019 costaba 60.000 millones, hoy los estudios dicen que cuesta 112.000 millones, lo que demuestra una gestión antieconómica de esta obra; por tanto, deben tomarse decisiones urgentes”, concluyó.
De Colprensa
