El presidente Gustavo Petro solicitó a la Corte Constitucional levantar la suspensión del Decreto Legislativo 1390 de 2025, al advertir que la situación humanitaria derivada de la actual emergencia climática en los departamentos de Córdoba y Sucre se ha agravado de manera acelerada y constituye una tragedia en curso.
En una carta dirigida a los magistrados del alto tribunal, el mandatario sostuvo que desde que se tomó la decisión de suspender el decreto se han presentado hechos nuevos, graves y sobrevinientes que modifican sustancialmente la realidad evaluada inicialmente y que exigen una respuesta inmediata del Estado.
“Levantar la suspensión del decreto no es un gesto político: es una decisión humana, constitucional y necesaria para salvar vidas”, expresó el mandatario.
Sostuvo que la emergencia ha dejado al menos 14 personas muertas, más de 9.000 viviendas destruidas y cerca de 50.000 familias afectadas, lo que representa a unas 300.000 personas impactadas. Además, más de 35.000 hectáreas productivas permanecen inundadas, comprometiendo el sustento y la seguridad alimentaria de miles de hogares.
Petro señaló que lo que semanas atrás era una advertencia técnica sobre riesgo de hambre, identificada por organismos internacionales como la FAO, hoy comienza a materializarse en comunidades enteras, como consecuencia de lluvias de una intensidad sin precedentes en la región Caribe.
El Presidente atribuyó la emergencia a la llegada de un frente frío de origen ártico al Caribe colombiano, fenómeno que calificó como extraordinario e impredecible, y advirtió que informes técnicos alertan sobre la posible llegada de un nuevo frente frío que podría agravar la situación.
En ese contexto, afirmó que la suspensión del decreto limita la capacidad del Gobierno para actuar con la rapidez y el alcance que exige la crisis, pese a que el Ejecutivo mantiene activadas todas sus capacidades institucionales a través del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El mandatario subrayó que su solicitud no constituye un debate político ni ideológico, sino una petición basada en la urgencia humanitaria y en la necesidad de contar con todas las herramientas constitucionales para proteger la vida y la dignidad de la población afectada.
Finalmente, reiteró que levantar la suspensión del decreto permitiría al Estado responder de manera inmediata y eficaz frente a una emergencia que, dijo, ha superado cualquier escenario inicialmente previsto.
De Colprensa
