La Corte Constitucional de Colombia inició el debate sobre el Decreto 1390 de 2025, con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica en el país.
La discusión se da con una ponencia del magistrado Carlos Camargo Assís que propone declarar la medida inexequible, lo que podría representar un nuevo revés para el Ejecutivo.
Cuestionamientos de fondo
El documento sostiene que la situación expuesta por el Gobierno no cumple con los criterios exigidos para decretar una emergencia, como ser imprevisible o extraordinaria.
En ese sentido, la ponencia advierte que el hundimiento de una reforma en el Congreso de la República de Colombia hace parte del funcionamiento normal del sistema democrático y no constituye una crisis excepcional.
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Errores en el trámite
Además de los argumentos de fondo, el decreto enfrenta cuestionamientos por aspectos formales: falta de firmas de tres ministros, requisito obligatorio e insuficiente justificación jurídica de las causales expuestas. Estos elementos podrían ser determinantes en la decisión final del alto tribunal.
Preocupación por el sistema de salud
Uno de los puntos críticos del debate es el impacto que tendría la caída del decreto en la financiación del sistema de salud.
El modelo enfrenta presiones financieras, especialmente por los recursos destinados a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que ha generado llamados a que la Corte evalúe posibles efectos de su decisión.
Un nuevo fallo en juego
De confirmarse la tendencia en la Sala Plena, el Gobierno sumaría otro revés en el uso de estados de excepción, tras decisiones previas relacionadas con medidas en regiones como La Guajira y el Catatumbo.
La decisión final marcará los límites del uso de la emergencia económica y su relación con las decisiones del Congreso.
