Un grupo de ciudadanos presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la elección presidencial de Abelardo de la Espriella y del vicepresidente electo José Manuel Restrepo, al considerar que el proceso electoral de la segunda vuelta de 2026 habría presentado irregularidades en el sistema de escrutinio.
La acción judicial, de 61 páginas, fue radicada por William Roy Villanueva, Jaime Casadiego León, Damián Garcés Restrepo, Alexander Montaña Narváez, Sixto Acuña Acevedo y Luis Alfredo Onofre Valencia, y está dirigida contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría Nacional del Estado Civil, además de los dos mandatarios electos.
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Los demandantes solicitan la nulidad de la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026, mediante la cual el CNE declaró oficialmente la elección presidencial para el periodo 2026-2030, así como la anulación de los formularios E-14, E-24 y E-26, además del acta de declaratoria de la Comisión Escrutadora Nacional.
Entre los argumentos expuestos se encuentran presuntas fallas en la transparencia del sistema de escrutinio, vulneración del principio de publicidad, falsa motivación e inconsistencias relacionadas con la verificación de los documentos electorales. La demanda también cuestiona la integridad del proceso de publicación y procesamiento de los formularios utilizados durante la segunda vuelta presidencial.
Como medidas subsidiarias, los accionantes pidieron que, si no prospera la nulidad total, se ordene un nuevo escrutinio o una auditoría judicial y técnica en las mesas o territorios donde se identifiquen inconsistencias. Además, solicitaron que la Registraduría y el CNE entreguen los registros técnicos, trazas, archivos y protocolos relacionados con el sistema de escrutinio y que se practique una inspección judicial sobre las plataformas utilizadas durante el proceso electoral.
El presidente Gustavo Petro confirmó la presentación de la demanda y aseguró, a través de su cuenta en la red social X, que un grupo de testigos digitales habría identificado presuntas irregularidades mediante el análisis de metadatos del sistema de escrutinios. No obstante, será el Consejo de Estado el encargado de estudiar la demanda y determinar si existen fundamentos para avanzar con el proceso de nulidad.
