miércoles, diciembre 4, 2024
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Procuraduría acusa a exalcaldesa de Santa Marta

La Procuraduría General de la Nación  formuló pliego de cargos contra, Virna Jhonson Salcedo, alcaldesa de Santa Marta (2020 – 2023) por su presunta responsabilidad en irregularidades que generaron retrasos y sobrecostos en la remodelación del centro de salud ubicado en el sector de Gaira, financiado con $5.050 millones del Sistema General de Regalías.

Funcionarios implicados en el caso

El pliego de cargos también recae sobre el gerente distrital de Infraestructura y el representante legal de la firma interventora encargada del proyecto. Estos funcionarios enfrentan señalamientos por omitir sus responsabilidades durante el proceso de ejecución de la obra, contribuyendo así a los problemas que se presentaron.

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Omisión en la obtención de la licencia de construcción

Uno de los principales hallazgos de la Procuraduría es que la exalcaldesa no gestionó adecuadamente la obtención de la licencia de construcción antes del inicio de las obras, lo que generó complicaciones posteriores. La solicitud de la licencia fue rechazada en dos ocasiones, retrasando aún más el desarrollo del proyecto.

Irregularidades en el diseño y la ubicación del centro de salud

El Ministerio Público también indicó que la exalcaldesa firmó el acto administrativo que aprobó el proyecto sin asegurarse de que cumpliera con los diseños técnicos establecidos, especialmente en cuanto a la distancia mínima que el centro debía mantener con la vía de doble calzada cercana. Esta falta de planificación llevó a que parte de la edificación invadiera este espacio, poniendo en riesgo su demolición.

Deficiencias en los diseños y presupuesto asignado

Además, se detectaron deficiencias en los diseños hidráulicos y en el presupuesto destinado al sistema contra incendios, lo que también afectó la calidad y la viabilidad del proyecto.

Calificación de las faltas cometidas

Las faltas atribuidas a los involucrados fueron calificadas como graves por la Procuraduría. A la exalcaldesa se le imputa culpa grave, mientras que el gerente de Infraestructura y el interventor enfrentan cargos por dolo.

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