La Procuraduría General de la Nación confirmó, en un fallo de segunda instancia, la sanción de suspensión de nueve meses en contra del exalcalde de Cartagena (2020-2023), William Dau Chamatt, por no haber ejecutado a tiempo el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el primer semestre del año 2020.
La decisión, emitida por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, ratificó el fallo de primera instancia del 31 de marzo de 2025, que declaró a Dau responsable de una omisión que dejó sin complemento alimentario a los estudiantes de las instituciones oficiales de la ciudad por más de tres meses.
El ente de control advirtió que Dau Chamatt no garantizó la prestación del servicio, que debía iniciar el 27 de enero de 2020. Sin embargo, su ejecución comenzó casi cuatro meses después, el 11 de mayo de ese mismo año, lo que representó una afectación a la población educativa beneficiaria.
Según la investigación, el entonces alcalde descartó una licitación pública que ya estaba en curso para el PAE y, en su lugar, inició un nuevo proceso el 31 de enero, cuando el calendario escolar ya había comenzado. La Procuraduría señaló que dicho proceso no fue ágil ni eficaz para asegurar la continuidad del servicio.
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Aunque el Ministerio Público varió la calificación de la conducta de culpa gravísima a culposa, la mantuvo como una falta grave. Dado que el exmandatario ya no ejerce funciones públicas, la suspensión se convierte en una sanción económica de $112.044.240, equivalentes a los salarios que devengaba durante el periodo de la suspensión.
Un historial de polémicas y sanciones
Esta no es la única sanción que ha enfrentado el exalcalde Dau. En septiembre de 2024, la Procuraduría le confirmó una suspensión de siete meses por sobrecostos superiores a $527 millones en otro contrato del PAE durante la pandemia de COVID-19.
Asimismo, en febrero de 2025, fue suspendido e inhabilitado por diez meses por emitir expresiones “grotescas” y “calumniosas” contra funcionarios públicos, a quienes acusó de pertenecer a un supuesto cartel en la Secretaría de Hacienda. Por hechos similares, en julio de 2024, recibió otra sanción de cuatro meses por llamar «nido de ratas» a directivos de la Universidad de Cartagena.
La sanción más severa llegó en julio de 2024, cuando fue inhabilitado por nueve años por irregularidades en la compra de 10.000 pruebas rápidas para Covid-19, en un contrato por $725 millones con una empresa que no estaba habilitada por el Invima.
Las constantes sanciones generaron un fuerte choque entre Dau y la cabeza del Ministerio Público en ese entonces. Tras conocer su inhabilidad de nueve años, el exalcalde tildó a la procuradora Margarita Cabello de ser la “malandrina mayor de Colombia” y la acusó de buscar intimidarlo para que no denuncie la corrupción.
Estas decisiones también provocaron la reacción del presidente Gustavo Petro, quien defendió a Dau en varias ocasiones. “La Procuraduría no puede inhabilitar a William Dau, necesitamos justicia”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
Petro calificó las acciones del ente de control como un “abuso de poder” y sostuvo que, según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ninguna autoridad administrativa puede suspender los derechos políticos de un ciudadano, una facultad que le correspondería exclusivamente a un juez penal.
De Colprensa
