La Procuraduría General de la Nación cuestionó el proyecto de decreto del Ministerio de Trabajo que busca modificar la regulación de las Empresas de Servicios Temporales y alertó sobre un impacto negativo directo en más de 474.000 empleos formales en Colombia.
El Ministerio Público envió observaciones formales al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tras analizar el decreto que adiciona disposiciones al Decreto 1072 de 2015. La Procuraduría advirtió que varios artículos ponen en riesgo la estabilidad laboral de un sector que en 2025 generó más de 50.000 nuevos empleos formales y hoy representa el 4,8 % del empleo formal dependiente del país.
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El ente de control rechazó la intención de limitar al 10 % el personal vinculado bajo la modalidad de trabajo en misión y cuestionó cualquier restricción para contratar trabajadores temporales en actividades ligadas al objeto social de las empresas. Según la Procuraduría, estas medidas afectarían la continuidad de miles de contratos vigentes y debilitarían el mercado laboral formal.
