La Procuraduría General de la Nación recorrió municipios de Córdoba para verificar el estado de los albergues y exigir respuestas concretas frente a la emergencia invernal.
La comisión visitó Canalete, Tierralta, Puerto Libertador, Valencia, Cereté, Lorica y San Pelayo. En cada municipio revisó condiciones de infraestructura, acceso a servicios básicos y atención a niños, mujeres y familias desplazadas por las inundaciones.
Las cifras evidencian la magnitud del desastre. En Canalete se reportan más de 14.000 damnificados, 273 viviendas destruidas, más de 1.400 casas averiadas y 700 no habitables. Una avalancha arrasó barrios completos y dejó sectores incomunicados.
En Montería, la emergencia afecta a 14.752 familias, es decir, 43.511 personas, y destruyó 39.000 hectáreas productivas. El impacto no solo es social; también golpea la economía rural y la infraestructura educativa.
La Procuraduría evaluó la actuación de los ministerios de Vivienda, Igualdad, Agricultura y Educación, así como del ICBF. La entidad no se limitó a recibir reportes: inspeccionó directamente los albergues y contrastó la información en terreno.
