La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el mayor del Ejército Sammy Ernesto Rodríguez Lemus, quien se desempeñaba como edecán de la Presidencia de la República, por un presunto acto sexual y violencia de género contra una oficial de la misma institución.
El Ministerio Público, a través de su Delegada para la Fuerza Pública, asumió el caso tras una denuncia interpuesta por la víctima ante la Defensoría del Pueblo en Bucaramanga. El ente de control explicó que, tras una evaluación del episodio, determinó que aparentemente hubo actos que comprometieron la conducta del oficial.
La Procuraduría además ordenó la práctica de pruebas con el fin de establecer si los hechos denunciados pueden acarrear la imposición de sanciones disciplinarias y reafirmó su compromiso en la defensa de los derechos de la mujer y su rechazo a cualquier acto de violencia de género.
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Los hechos investigados ocurrieron el 13 de mayo de 2025 en las instalaciones de la Segunda División del Ejército, en el cantón militar Palonegro de Bucaramanga. Según el relato de la denunciante, una mayor que se desempeñaba como asesora jurídica, encontró a Rodríguez Lemus «en alto estado de alicoramiento», mientras maltrataba a un taxista y a una suboficial de guardia.
La oficial señaló en su informe que, por su «convicción de ayuda», pagó el servicio de transporte del mayor y accedió a llevarlo en su vehículo particular hasta el casino de oficiales, donde se alojaba. Durante todo el suceso estuvo presente el hijo de la denunciante, un menor de 12 años.
De acuerdo con la denuncia, antes de subirse al coche, Rodríguez Lemus intentó dañar la maleta escolar del niño. Ya en el interior del vehículo, desde el asiento trasero, el edecán le habría preguntado a la mayor si «sabía hacer rico el amor», para después proceder a tocarle un hombro y sus senos.
La mujer relató que detuvo el vehículo y le exigió respeto para ella y para su hijo, momento en el que el mayor reaccionó con insultos y amenazas. Según consta en el documento, le advirtió que la enviaría «para la mierda» y que no la dejaría ascender porque él trabajaba con el presidente Gustavo Petro.
La mayor manifestó en su escrito que, días después del incidente, fue contactada por otros oficiales del cantón militar, quienes le pidieron que dejara «la situación en el olvido», argumentando que su superior solo había cometido «un pequeño error». La denunciante expresó su temor por su integridad laboral, familiar y personal y solicitó que los hechos no fueran ocultados.
El caso también llegó a la esfera penal. La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal por el presunto delito de acto sexual violento y citó a varios testigos para que rindieran su versión de lo ocurrido.
Por su parte, el Ejército comunicó que «no tolera ningún acto de violencia» y que la Casa Militar, a la que estaba adscrito el uniformado, inició una investigación en su momento. Precisó que el proceso disciplinario fue asumido posteriormente por la Procuraduría. La institución aseguró además que brindó «orientación e información a la presunta víctima» y dispuso acciones administrativas para proteger sus derechos.
De Colprensa
