La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo encendieron las alarmas sobre la situación financiera de las Comisarías de Familia en el Tolima y solicitaron a los municipios fortalecer la implementación de la denominada Estampilla para la Justicia Familiar, una herramienta creada por ley para garantizar recursos destinados a la protección de víctimas de violencia.
A través de una circular conjunta dirigida a alcaldes y concejales del departamento, ambas entidades instaron a las administraciones municipales a revisar el estado de aplicación de este mecanismo y a tomar medidas para asegurar su funcionamiento efectivo.
El llamado surge en medio de preocupaciones sobre la capacidad operativa de las Comisarías de Familia, dependencias que cumplen un papel clave en la atención de casos de violencia intrafamiliar, violencia basada en género y otras situaciones que afectan a poblaciones vulnerables.
Organismos de control advierten riesgos por falta de financiación
La Procuraduría y la Defensoría señalaron que la ausencia de recursos provenientes de esta estampilla puede traducirse en limitaciones para la prestación de los servicios que ofrecen las Comisarías de Familia.
Sin financiación suficiente, estas dependencias enfrentan dificultades para fortalecer su infraestructura, mejorar la conectividad, contratar personal especializado y garantizar herramientas tecnológicas para atender a las víctimas.
Los organismos de control advirtieron que estas carencias pueden afectar la oportunidad y calidad de la atención brindada a ciudadanos que buscan protección frente a situaciones de violencia.
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Municipios deberán rendir cuentas
Como parte de la actuación preventiva, las entidades solicitaron a los municipios informar sobre el estado actual de implementación de la estampilla y reportar los recursos recaudados durante las vigencias 2025 y 2026.
Además, deberán explicar las acciones adelantadas para poner en funcionamiento este mecanismo en aquellos territorios donde aún no opera o donde no ha generado ingresos suficientes para fortalecer las Comisarías de Familia.
La solicitud pone bajo la lupa a las administraciones municipales que, pese a contar con una herramienta legal creada para financiar la protección de víctimas, todavía no han logrado convertirla en una fuente efectiva de recursos.
Un mecanismo creado para proteger a las víctimas
La Estampilla para la Justicia Familiar fue establecida por la Ley 2126 de 2021 con el objetivo de garantizar recursos permanentes para el funcionamiento de las Comisarías de Familia en todo el país.
Para los organismos de control, su adecuada implementación resulta fundamental en un contexto donde las autoridades enfrentan crecientes desafíos para atender casos relacionados con violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y otras formas de vulneración de derechos.
