La aspirante a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, Nataly Vélez, volvió a poner en el centro del debate público la propuesta de aplicar la pena de muerte a los violadores de menores de edad en Colombia, una iniciativa que choca de frente con la Constitución y los tratados internacionales vigentes.
Vélez sustentó su planteamiento con cifras sobre violencia sexual infantil. Aseguró que 56 niños y niñas serían víctimas de abuso sexual cada día en el país y que, entre enero y noviembre de 2025, se registraron 15.394 delitos sexuales, de los cuales 1.886 afectaron a menores entre 0 y 5 años. Con esos datos, la aspirante calificó estos crímenes como una “barbarie” y afirmó que el Estado no puede tratarlos como delitos ordinarios.
La dirigente política defendió la imposición de penas extremas para quienes cometan delitos sexuales contra menores y sostuvo que el sistema penal actual resulta insuficiente para enfrentar este tipo de violencia. Su propuesta recibió el respaldo del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, con quien ha coincidido en actos políticos y espacios de promoción de la iniciativa.
Sin embargo, el planteamiento reabre un debate jurídico de alto nivel. La pena de muerte está prohibida en Colombia por la Constitución Política y por convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado, lo que hace inviable su aplicación sin una reforma estructural del ordenamiento jurídico y el retiro de compromisos internacionales.
