martes, noviembre 18, 2025
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Radican denuncia penal contra EMCALI por presuntas irregularidades en contratación del alumbrado público

La Red de Veedurías de Colombia radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra directivos de EMCALI, por hechos que, según la organización, podrían constituir delitos contra la administración pública.

La denuncia señala posibles conductas como indebida celebración de contratos, prevaricato por omisión y omisión de actos propios del cargo, contempladas en los artículos 409, 410, 413 y 414 del Código Penal. El presidente de la Red, Pablo Bustos, afirmó que la acción judicial responde a la “omisión inexplicable” del gerente de EMCALI, Roger Mina, quien no inició el proceso de licitación para el mantenimiento del alumbrado público, pese a que los contratos actuales vencen el 31 de diciembre.

La Red advirtió que EMCALI no publicó pliegos, estudios previos, cronogramas ni modalidad de selección, lo que impide una competencia transparente. Para la organización, esta omisión pone a Cali en riesgo de quedarse sin mantenimiento del alumbrado público desde el 1 de enero, un hecho sin precedentes atribuido a la falta de planeación contractual.

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El documento radicado sostiene que EMCALI vulneró los principios de transparencia, libre concurrencia y responsabilidad, establecidos en la Ley 80 de 1993, así como la obligación de planeación prevista en su artículo 26. También habría incumplido la regla de licitación pública definida en la Ley 1150 de 2007 y los lineamientos anticorrupción de la Ley 1474 de 2011.

La Red citó jurisprudencia del Consejo de Estado, que advierte que los contratos estatales no pueden perpetuar operadores ni limitar la competencia. Según la denuncia, la actuación de EMCALI podría favorecer a la empresa que actualmente presta el servicio, generando cierre artificial de la competencia y un posible detrimento patrimonial.

El documento plantea dos escenarios si EMCALI adjudica nuevamente sin licitación: incompetencia administrativa o intereses irregulares para beneficiar a un particular. En ambos casos, la Red afirma que existiría responsabilidad administrativa, fiscal, disciplinaria y penal.

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