En el marco de la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), la Unidad de Restitución de Tierras expuso ante la comunidad internacional los avances de la política de restitución como pilar de la Reforma Agraria, la justicia social y la paz rural.
Con corte al 31 de diciembre de 2025, la entidad ha recibido 172.758 solicitudes de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, de las cuales 48.035 ya fueron inscritas. Más del 90 % cuenta con demanda presentada ante jueces especializados.
A la fecha se han proferido 11.065 sentencias que han beneficiado a 132.494 personas y 37.901 familias afectadas por el conflicto armado.
Punto de inflexión en el actual Gobierno
Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, la URT adoptó 19.117 decisiones de fondo, logrando que el 72 % correspondan a inscripciones y el 28 % a decisiones negativas, revirtiendo la tendencia histórica de exclusión.
Uno de los avances más destacados ha sido el enfoque integral, colectivo y étnico-territorial. En este periodo se han inscrito 392 territorios étnicos y se ha concentrado más de la mitad de las sentencias étnicas emitidas desde la expedición de los Decretos Ley.
Impacto territorial y reparación integral
Los jueces han ordenado la restitución de 372.576 hectáreas mediante 3.490 sentencias, beneficiando a más de 37.000 personas y 12.044 familias.
La entidad también eliminó barreras de acceso, permitiendo restituciones en predios con limitaciones ambientales, en zonas no microfocalizadas y para víctimas en el exterior, gracias a ajustes normativos recientes.
