El superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano, ordenó este lunes a la Nueva EPS ejecutar un plan intensivo de reuniones con los prestadores de servicios de salud para legalizar, mediante actas, a qué facturas se deben aplicar los pagos que ya han recibido y que hasta ahora figuran en los registros como anticipos sin serlo.
La Superintendencia Nacional de Salud explicó que los hallazgos presentados por la Contraloría General de la Nación sobre la Nueva EPS ya habían sido identificados previamente por la entidad de vigilancia. Según Rubiano, el problema no es la falta de pago, sino un fallo en el procedimiento administrativo por parte de la EPS.
Sugerencias: Petro denunció un “cartel” en la Nueva EPS por ocultar deudas de $5 billones
El informe de la Contraloría califica como «anticipos» a dineros que, según la Supersalud, son en realidad «pagos a servicios ya prestados» a los que no se les ha asignado una factura específica. «Lo que sí no hizo oportunamente (Nueva EPS) fue aclarar, ante cada pago realizado, a cuáles facturas el prestador debía imputar el valor pagado», señaló Rubiano García.
La Nueva EPS ha realizado un esfuerzo significativo por pagar a los prestadores en todo el territorio nacional. Sin embargo, al no especificar a qué factura correspondía cada desembolso, estos quedaron en un estado contable irregular que la Contraloría denominó anticipo.
La solución, según la Supersalud, es que la Nueva EPS y cada prestador firmen actas donde acuerden a qué facturas se imputarán dichos pagos, eliminando así la figura del «falso anticipo».
La nueva gerente interventora, Gloria Polanía, tiene la orden de finalizar estas rondas con los prestadores en todo el país en «el término de pocas semanas» para definir la aplicación de los pagos.
El superintendente también mencionó que la Contraloría omitió en su informe las deficiencias que mantenía la EPS en la integridad de sus sistemas de información. Esta situación dificultaba el seguimiento de los procesos y generaba retrasos, especialmente en el procesamiento y contabilización de las cuentas médicas.
Fue durante la intervención de la Supersalud que se sugirió a la Nueva EPS implementar sistemas de información más robustos, como el actualmente implementado Factramed, para permitir el correcto reconocimiento contable de las facturas, evitar represamientos y reflejar la verdadera situación financiera de la entidad. En el marco de esta intervención, también se solicitó la contratación de un servicio de auditorías médicas más sólido y en constante interacción con los prestadores.
Finalmente, Rubiano recordó que la intervención «no es un mecanismo caprichoso, todo lo contrario, busca garantizar el buen destino y el uso eficiente de los recursos existentes».
EL HALLAZGO DE CONTRALORÍA
El pasado 9 de septiembre, la Contraloría alertó sobre una grave situación administrativa y financiera en dicha entidad, tras un operativo de policía judicial que recaudó información de la entidad entre 2022 y el primer semestre de 2025, que puso al descubierto presuntas irregularidades que comprometen su liquidez y sostenibilidad.
El ente de control adelantó la actuación en julio de 2025 para obtener información técnica, administrativa, jurídica y financiera que no estaba disponible en los sistemas de la Supersalud, y ante la falta de estados financieros certificados de la EPS.
El análisis preliminar de 4.524 archivos recaudados evidenció falencias en anticipos, facturación, contratación, cuentas por pagar y reservas técnicas.
La investigación detectó un crecimiento significativo en los anticipos pendientes por legalizar, que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, lo que representa un aumento del 155%.
La situación se agravó durante el primer semestre de 2025, pues a junio de ese año la cifra de anticipos sin legalizar escaló a $15,27 billones, comprometiendo la liquidez de la entidad. De este monto, la Contraloría señaló que hay un riesgo de un posible detrimento patrimonial en anticipos que superan los dos años por un valor de $143 mil millones.
Además, se encontró que, con corte a junio de 2025, aún existía un saldo de $5,7 billones en anticipos de la vigencia 2024 que no habían sido legalizados.
La Contraloría halló un total de 22.737.247 registros de facturas pendientes de trámite por un valor de $22,1 billones. Sin embargo, una verificación inicial permitió identificar 9.155.060 facturas duplicadas, cuyo valor ascendía a $8,9 billones. Al excluir estas repeticiones, el valor real de las facturas pendientes por procesar es de $13,2 billones.
De este total, el 97% de las obligaciones corresponde a la vigencia 2024 y al primer semestre de 2025, lo que indicó que casi la totalidad de estas cuentas no ha sido sometida a revisión por parte de la EPS.
Esta circunstancia, según el organismo, genera inconsistencias contables y financieras. El análisis también arrojó que el 40% del valor pendiente por procesar, equivalente a $5,2 billones, se concentra en solo 36 prestadores de salud de una red de más de 2.700, lo que eleva el riesgo fiscal.
La Contraloría concluyó que la situación de la Nueva EPS evidencia un riesgo de «deterioro progresivo», a pesar de estar intervenida por la Supersalud. La alerta será remitida a la Contraloría Delegada para el Sector Salud para que inicie los procedimientos de control fiscal y determine si hay lugar a responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal.
