Un grupo de trabajadores de Ecopetrol S.A. presentó una acción de tutela para exigir la suspensión inmediata del proceso de elección del representante de los empleados ante la Junta Directiva, al advertir graves irregularidades que, según denuncian, vulneran garantías democráticas y derechos fundamentales.
El proceso electoral, inicialmente programado para los días 22 y 23 de enero de 2026, fue adelantado de forma abrupta para el 14 y 15 de enero, decisión que los accionantes califican como unilateral y sin justificación suficiente. El caso ya está en manos de la Rama Judicial.
Como vocero fue designado Ariel Corzo Díaz, trabajador activo de Ecopetrol desde hace más de 27 años, quien sostiene que el cambio en el cronograma redujo los tiempos de verificación de candidatos, divulgación de perfiles y socialización de propuestas, afectando derechos como elegir y ser elegido, el debido proceso administrativo, la participación democrática y la confianza legítima.
Según la tutela, el 16 de diciembre de 2025 la empresa había fijado reglas claras que garantizaban un periodo razonable de información para los electores. Sin embargo, el 9 de enero de 2026 se cerró anticipadamente la revisión de candidatos y se adelantó la votación, lo que —afirman— rompió las reglas de juego, afectó la igualdad de condiciones entre postulados e impidió una decisión informada por parte de los trabajadores.
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solicitan al juez constitucional suspender el proceso electoral e inhabilitar temporalmente cualquier mecanismo de votación electrónica hasta que exista una decisión de fondo que restablezca las garantías constitucionales. Advierten que, de realizarse la elección en las condiciones actuales, se configuraría un perjuicio irremediable, pues el daño al derecho al voto sería irreversible.
“El caso trasciende el ámbito interno de Ecopetrol y plantea cuestionamientos sobre transparencia, democracia participativa y buen gobierno corporativo en la principal empresa estatal del país”, subraya Corzo, al recordar que Ecopetrol, como sociedad de economía mixta, está obligada a respetar los principios constitucionales en sus procesos democráticos.
El objetivo de la acción judicial es garantizar un proceso transparente, equitativo y legítimo, que respete los derechos fundamentales y preserve la representación real de los trabajadores en el máximo órgano de dirección de Ecopetrol.
