El Tribunal Superior de Bogotá decidirá el próximo martes 21 de octubre si confirma o anula la condena de 12 años en contra del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La fecha se conoce un día después de que, a través de un corto comunicado, el Tribunal explicó que una sala de tres magistrados ya resolvió la apelación presentada por la Procuraduría y la defensa de Uribe.
Lo que debe resolver el Tribunal es si el expresidente no fue el arquitecto de una operación para engañar a la justicia, a través de terceros que tenían la misión de conseguir que exparamilitares declararan a su favor y en contra del senador Iván Cepeda, a cambio de beneficios jurídicos o procesales.
Así lo argumentaron los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana en la apelación, quienes explicaron que la juez que condenó a Uribe tuvo tintes políticos.
“La jueza pretende proyectar una imagen de imparcialidad y neutralidad, pero simultáneamente emite mensajes como ‘la justicia no se arrodilla ante el poder’, ‘no es una revancha’ o ‘este juicio no es político’. Estas expresiones tienen una clara carga política y sesgada y parecen responder a las características específicas y particulares del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por lo que convierten el estrado judicial, que debería centrarse exclusivamente en el razonamiento técnico y jurídico, en una plataforma –y oportunidad– para dar manifestaciones de carácter ideológico y personal que no es de competencia para los funcionarios judiciales encargados de impartir y administrar justicia”, resaltó la apelación.
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Por otro lado, y como se esperaba, la defensa del expresidente volvió a insistir en la valoración de las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su entonces abogado Diego Cadena. Grabaciones que han sido objeto de múltiples decisiones judiciales, entre ellas la condena en su contra, pero que, según la defensa, deberían excluirse por violar el secreto profesional.
El abogado Granados sostuvo que esas interceptaciones fueron ilegales, porque en 2018 la Corte Suprema ordenó escuchar una línea telefónica que se creía pertenecía al congresista Nilton Córdoba Manyoma, dentro de la investigación por el escándalo del “Cartel de la Toga”, pero que en realidad era del abogado Diego Cadena, lo que significó que, según la defensa, se escucharon conversaciones sin orden judicial válida.
El caso de Uribe se remonta a 2012, cuando siendo senador denunció a Iván Cepeda, a quien acusó de ofrecer dinero a exjefes paramilitares para que declararan en su contra, señalándolo como presunto fundador del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de haber participado en crímenes como la masacre de El Aro.
Sin embargo, el 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema determinó que no existían motivos suficientes para culpar a Cepeda y, por el contrario, abrió una investigación contra Uribe, al encontrar indicios de manipulación de testigos a su favor a través de otras personas, entre ellas el abogado Cadena, quien en los próximos días podría correr la misma suerte del expresidente.
