El Tribunal Administrativo del Atlántico falló a favor de una acción popular presentada por la Procuraduría General de la Nación y ordenó intervenir la caseta del peaje Papiros, ubicada entre Barranquilla y Puerto Colombia.
La decisión judicial busca proteger los derechos colectivos de las comunidades que durante varios años han denunciado afectaciones económicas, problemas de movilidad y riesgos de seguridad vial por el funcionamiento del peaje sobre la Vía al Mar.
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El fallo establece que la infraestructura del peaje y la báscula de pesaje representan un posible riesgo para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones, debido a los accidentes de tránsito registrados en la zona.
La Procuraduría argumentó que la caseta afecta directamente a residentes y comerciantes de Puerto Colombia, quienes en distintas ocasiones realizaron protestas y bloqueos para exigir el desmonte o reubicación del peaje.
