Un audio que circula en redes sociales y que fue difundido por el periodista Jorge Hernán Peláez, reconocido columnista del diario La República, desató una fuerte controversia en el municipio de Turbaco. En la grabación, que presuntamente correspondería a la alcaldesa Claudia Espinosa, se escuchan declaraciones que podrían evidenciar presiones políticas, direccionamiento del voto y posibles irregularidades en el manejo de beneficios y recursos públicos.
En el audio, la mandataria se referiría a reuniones con madres comunitarias y a la promesa de beneficios como mejoramientos de vivienda, modificaciones tributarias y apoyos económicos, en un contexto que algunos sectores califican como posible clientelismo electoral. Incluso, se mencionan presuntas estrategias para influir en el voto de estas comunidades, lo que podría constituir faltas disciplinarias o incluso delitos electorales si se comprueba que existió condicionamiento de ayudas o programas sociales.
Uno de los puntos que más genera preocupación es la referencia directa a decisiones dentro del Concejo municipal relacionadas con exoneraciones tributarias. En el audio, la funcionaria cuestiona a concejales por el hundimiento de un proyecto que beneficiaría a estas poblaciones y, posteriormente, los señala ante la comunidad, lo que es interpretado como una forma de presión política e instrumentalización de la gestión pública con fines electorales.
Además, el contenido sugiere que algunos programas sociales y recursos, como subsidios, mejoramientos de vivienda y transferencias económicas, podrían estar siendo utilizados como mecanismos de control político o fidelización de votantes. De confirmarse, esto representaría un grave riesgo para la transparencia en la contratación pública, la ejecución del presupuesto municipal y la equidad en la asignación de beneficios sociales.
Expertos consultados por este medio advierten que los hechos descritos en la grabación podrían ser objeto de investigación por parte de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, en relación con posibles faltas disciplinarias, delitos contra la administración pública y eventuales conductas relacionadas con corrupción electoral.
Hasta el momento, la alcaldesa no se ha pronunciado oficialmente sobre la autenticidad del audio ni sobre las acusaciones que han comenzado a circular en el departamento de Bolívar. Sin embargo, el caso ya genera inquietud entre líderes políticos y sociales, quienes piden claridad sobre el uso de los recursos públicos y garantías de transparencia en los programas dirigidos a poblaciones vulnerables.
La ciudadanía de Turbaco y de toda la región Caribe permanece atenta al desarrollo de este caso, que podría convertirse en un nuevo escándalo político en medio del debate nacional sobre la transparencia, la contratación pública y la lucha contra la corrupción en los territorios.
