La Universidad de Cartagena fue sancionada con una multa de $85 millones de pesos por parte del Ministerio de Educación Nacional, tras determinar presuntas fallas institucionales en el manejo de un caso de acoso sexual denunciado por una estudiante contra otro estudiante.
Aunque desde el ámbito administrativo la universidad activó los protocolos internos y tramitó la denuncia conforme a sus reglamentos, el Ministerio concluyó que las medidas adoptadas no fueron suficientes, razón por la cual impuso la sanción económica.
De acuerdo con la información conocida, el estudiante señalado fue sancionado inicialmente con la imposibilidad de matricularse durante dos años, decisión que posteriormente derivó en su retiro definitivo de la institución. Sin embargo, estas acciones no evitaron la multa, al considerar la autoridad educativa que existieron debilidades en el abordaje integral del caso.
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Tras conocerse la decisión, tres de los cinco sindicatos que integran la Universidad de Cartagena —entre ellos Sintraunicol y Asounicol— emitieron un pronunciamiento conjunto en el que manifestaron su inconformidad, argumentando que la institución no cuenta con los recursos financieros suficientes para asumir este impacto económico, en medio de un escenario de limitaciones presupuestales estructurales.
Los voceros sindicales hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que revise la decisión, advirtiendo que sanciones económicas de este tipo terminan debilitando a las universidades públicas, sin resolver de fondo la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y acompañamiento a las víctimas.
