Al exponer la apelación contra el fallo que lo condenó por soborno de testigos y fraude procesal, el expresidente Álvaro Uribe acusó a la juez de su caso de tener animosidad hacia él y de dictar un fallo en el que predominó la política sobre el derecho.
Uribe comenzó por criticar una expresión usada por la juez durante la audiencia para referirse a su hijo.
Al quejarse de que el texto de la sentencia se había filtrado a los medios de comunicación antes de que empezara la audiencia de lectura de fallo, la juez afirmó que Tomás Uribe (quien publicó un trino que luego borró en el que decía que el expresidente había sido condenado a 10 años de prisión), no tuvo la gallardía de acompañar a su padre en el juicio y ahora sí reveló información que debía permanecer reservada.
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Uribe aseguró que esa acusación de falta de gallardía es un señalamiento para que se proceda violentamente contra sus hijos.
El expresidente criticó en varias ocasiones la decisión por tratarse, según él, de un juicio político y no jurídico.
“Aquí hubo sesgo y eso lo tiene que considerar la justicia nacional”, manifestó.
Sostuvo que el hecho de que se le ordenara cumplir de inmediato la detención domiciliaria es una señal de que lo que se buscaba era impedirle el ejercicio de la oposición.
“Han apelado a la administración de justicia solo para poder destruir una voz de la oposición democrática”, agregó.
También lanzó duras acusaciones contra el Gobierno de Gustavo Petro, al que señaló de hacer señalamientos contra Miguel Uribe que terminaron causando el atentado en su contra y recordó que el actual mandatario sí usó la violencia para impulsar su campaña política cuando instigó el estallido social.
Afirmó que los miembros de su partido no utilizan la violencia para hacer política.
Uribe fue condenado a 12 años de prisión, tras ser declarado culpable de tres conductas de soborno en actuación penal, dos de fraude procesal y absuelto del delito de soborno simple.
El exmandatario también deberá pagar una multa de 2.420 salarios mínimos y fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como sanción principal, de 100 meses y 20 días.
La juez también ordenó que de inmediato se cumpliera la detención domiciliaria en su contra, pues por el gran reconocimiento que tiene a nivel internacional, le resultaría fácil abandonar el país para eludir la sanción impuesta.
De Colprensa
