La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias abrió el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 040 del 2025 tras hallar un presunto detrimento patrimonial por $247.248.197,21 relacionado con el contrato interadministrativo 035 de 2022, cuyo objeto era realizar mantenimientos y adecuaciones en los comedores comunitarios de los barrios La Candelaria y La Esperanza.
El ente de control encontró irregularidades principalmente en el comedor del barrio La Esperanza, el cual —a pesar de haber sido entregado oficialmente mediante acta de recibido en marzo de 2023— nunca entró en funcionamiento. En abril de 2024, una visita de verificación técnica y de supervisión constató que la sede está inhabilitada para operar, presenta múltiples deficiencias estructurales, técnicas y de dotación, y jamás ha prestado el servicio de alimentación a la comunidad.
Funcionarios implicados
La Contraloría distrital imputó responsabilidad fiscal a cuatro exfuncionarios de la Alcaldía de Cartagena:
William Jorge Dau Chamatt, exalcalde de la ciudad, por presuntamente no ejercer control y vigilancia sobre la ejecución del contrato.
Carlos La Rota García, exsecretario general y firmante del contrato 035 de 2022, al considerar que omitió verificar las condiciones reales de entrega y funcionamiento del comedor.
Cielo Blanco Flórez, supervisora jurídica y contable del contrato.
Clarena García Montes, quien desempeñó funciones de supervisora técnica.
Además, la Contraloría vinculó como tercero civilmente responsable a la empresa Seguros Generales Suramericana S.A., aseguradora del contrato, que otorgó una póliza por más de 74 millones de pesos para amparar el cumplimiento del mismo.
Daño patrimonial y hallazgos
El contrato interadministrativo fue suscrito entre la Secretaría General de la Alcaldía de Cartagena y la Fundación Caribe Salud IPS SAS, con un valor total de $649.982.032, de los cuales $324.991.016 se destinaron específicamente al comedor del barrio La Esperanza.
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No obstante, los hallazgos indican que el dinero fue ejecutado sin que se cumplieran las condiciones necesarias para la prestación del servicio. A la fecha, el comedor carece de conexión al servicio de gas domiciliario, no cuenta con energía funcional, la ventilación es deficiente, y las instalaciones presentan deterioro físico. Asimismo, los utensilios de cocina y la dotación se encuentran empacados, sin haber sido usados nunca.
Durante todo el periodo posterior a la entrega del inmueble, la comunidad solo ha recibido un kit alimentario, según la información aportada por la misma fundación contratista. Esto, pese a que la ejecución contractual y los informes daban cuenta de la supuesta “puesta en funcionamiento” del comedor desde el 13 de marzo de 2023.
La denuncia que dio origen a la investigación fue presentada por Álvaro Venecia Carrillo, representante legal de la Fundación Colombia Vive. Tras la evaluación inicial, se determinó que los hechos cumplen con los elementos para configurar una falta patrimonial al erario, al haberse ejecutado recursos sin obtener el bien o servicio esperado.
Próxima audiencia
La audiencia de descargos ha sido fijada para el próximo 24 de julio de 2025, a las 9:00 a. m., en la sede de la Contraloría Distrital, ubicada en el barrio Manga. Los implicados tendrán la oportunidad de presentar pruebas y ejercer su derecho a la defensa.
El proceso continúa su curso mientras se esclarecen las responsabilidades individuales de los exfuncionarios y del contratista frente a la posible pérdida de recursos públicos que debieron beneficiar a comunidades vulnerables.
Este proceso se suma a una serie de actuaciones fiscales en contra de la administración del exalcalde William Dau Chamat, quien ahora también enfrenta una medida de embargo emitida por la misma Contraloría.
Embargo contra William Dau
A través de una resolución emitida el 8 de mayo de 2025, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Distrital decretó el embargo de cuentas y activos financieros de William Dau Chamat, identificado con cédula 9.079.552, en el marco del proceso sancionatorio 013-2022.
El embargo se relaciona con una sanción fiscal por $43.231.267, pero la Contraloría ordenó la retención de hasta $64.846.900, posiblemente por concepto de intereses y costos del proceso. Las sumas embargadas deberán ser consignadas en la cuenta del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría, en el Banco AV Villas.
La entidad afectada en este caso es la Secretaría de Hacienda Distrital, y el fallo sancionatorio había sido proferido desde el 22 de marzo de 2024.
