El Concejo Distrital de Cartagena activó un debate de control político para esclarecer la crítica situación financiera de Aguas de Cartagena (Acuacar), luego de que la interventoría reveló un deterioro que compromete la sostenibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad.
La corporación citó al gerente de Acuacar, a la Secretaría General, a la Oficina de Servicios Públicos, a la Superintendencia de Servicios Públicos, al interventor del contrato Guisa, a Cardique y a los organismos de control Procuraduría, Contraloría y Personería para que entreguen información precisa sobre el manejo financiero y contractual de la empresa.
Los datos del informe de interventoría mostraron un escenario crítico:
Acuacar acumuló un déficit de caja superior a $81.000 millones en 2025, sostenido con deuda bancaria.
La cartera vencida superó los $318.000 millones, con un deterioro del 50%.
El endeudamiento llegó al 76,3%, nivel que compromete la solvencia técnica.
Los socios privados recibieron más de $182.000 millones en dividendos hasta 2024, mientras la infraestructura requiere inversiones urgentes.
El Concejo cuestionó además el informe de la auditoría externa Science Auditores SAS, que presentó una evaluación que califica como “complaciente”, a pesar de las alertas emitidas por la interventoría.
La corporación advirtió que, si Acuacar mantiene esta tendencia, la ciudad podría enfrentar en 2034 cuando finaliza el contrato con el socio operador una empresa endeudada, sin capacidad de inversión y sin estabilidad para garantizar un servicio esencial.
El Concejo solicitó a la empresa las pólizas de cumplimiento suscritas desde 1995 hasta la fecha, incluido el otro sí de 2021 vigente hasta 2034, y pidió a la Superintendencia de Sociedades los estados financieros actualizados de Acuacar. Recordó que la Ley 1551 de 2012 obliga a los operadores que manejan recursos públicos a entregar esta información bajo sanciones de la Procuraduría.
