La Procuraduría General de la Nación activó un monitoreo permanente en la frontera con Venezuela tras los hechos ocurridos durante la madrugada, ante posibles riesgos para los derechos humanos y la estabilidad regional.
El procurador general, Gregorio Eljach, recordó que la dirección de la política exterior corresponde al presidente de la República, según la Constitución, pero advirtió que el Estado debe anticiparse a cualquier impacto humanitario derivado de la situación en el vecino país.
El Ministerio Público pidió al Gobierno Nacional activar de inmediato los mecanismos de atención y protección de derechos humanos, especialmente en las zonas fronterizas, donde históricamente se concentran los mayores efectos de las crisis venezolanas.
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Desde primeras horas del día, la Procuraduría instaló una mesa permanente de alto nivel institucional para vigilar y evaluar el desarrollo de los acontecimientos. El ente también desplegó su capacidad operativa en los puntos de frontera donde se requiera presencia institucional.
Eljach convocó a la Defensoría del Pueblo y a las personerías del país para coordinar acciones, atender posibles emergencias y reportar información cada dos horas al nivel central.
