La Fiscalía de Colombia abrió una indagación por señalamientos sobre una presunta entrega de contratos públicos a cambio de relaciones sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro. El expresidente rechazó la acusación, mientras el ente investigador evalúa las declaraciones y los elementos que puedan aportarse al caso.
Contratos estatales bajo examen
La excontratista estatal Deicy Jiménez afirmó que obtuvo cinco contratos públicos a cambio de mantener relaciones sexuales con Petro. En una entrevista publicada por Semana, sostuvo además que otras mujeres habrían recibido contratos en circunstancias similares. Se trata de señalamientos de Jiménez, no de hechos establecidos por la indagación.
Días antes de esa entrevista, Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, había denunciado ante el Congreso que Petro instrumentalizó a mujeres mediante órdenes de prestación de servicios. Ríos habló de 48 mujeres; Jiménez estimó entre 30 y 40. Ambas cifras corresponden a sus respectivas declaraciones.
En el SECOP figuran 10 contratos de Jiménez: siete con el Senado, dos con una dependencia del Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia. Uno de los contratos del Senado estaba destinado a apoyar a María José Pizarro cuando ejercía como primera vicepresidenta de esa corporación, entre 2023 y 2024. El registro documenta las contrataciones, pero no acredita por sí mismo el intercambio denunciado.
Pizarro rechazó la insinuación de haber avalado una conducta de ese tipo. Petro también negó la acusación: “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales”, escribió en redes sociales. El expresidente atribuyó los señalamientos a un ataque político del gobierno de Abelardo de la Espriella, sin aportar pruebas de esa participación.
Próximas actuaciones de la Fiscalía
El vicefiscal Gilberto Javier Guerrero confirmó la existencia de una noticia criminal relacionada con estos hechos. Indicó que los fiscales a cargo valorarán cuándo convocar a quienes han hecho declaraciones públicas para recoger elementos que permitan verificarlas. La apertura de esta actuación no equivale a una conclusión sobre las acusaciones.
Por separado, el abogado Felipe Caballero Sierra presentó ante la Fiscalía una solicitud de medidas de protección para Jiménez y pidió que sea entrevistada con garantías de seguridad y confidencialidad. También propuso examinar sus contratos y asegurar los chats, fotografías y videos que, de acuerdo con la petición, ella afirma tener.
El escrito solicita, además, compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Es una petición del abogado, no una decisión adoptada por la Fiscalía. La valoración de las declaraciones y del material disponible queda ahora en manos de los fiscales encargados de la indagación.
