La Fiscalía General de la Nación impuso embargo y suspensión del poder dispositivo sobre tres inmuebles vinculados al patrimonio de Óscar Iván Zuluaga Escobar y su entorno familiar. Los bienes, ubicados en Bogotá y Pensilvania, Caldas, superan los $3.664 millones y quedaron afectados dentro del trámite de extinción de dominio relacionado con la campaña presidencial de 2014.
Los inmuebles afectados
Las medidas recaen sobre un apartamento y la tercera parte de una vivienda en Bogotá, además de un inmueble en Pensilvania. La suspensión del poder dispositivo impide que el propietario venda, transfiera o adelante negocios jurídicos sobre los bienes mientras se surte la actuación.
Algunas de esas propiedades pertenecían directamente a Zuluaga Escobar, pero fueron transferidas mediante donación a integrantes de su círculo familiar en junio de 2023. La afectación busca evitar que los activos sean vendidos, enajenados o comercializados durante el trámite de extinción de dominio.
La decisión fue adoptada a partir del trabajo del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht, adscrito a la Delegada para las Finanzas Criminales. Esa dependencia recopiló elementos materiales probatorios sobre el presunto aporte de la multinacional brasileña a la campaña “Zuluaga Presidente 2014-2018”.
Aportes bajo investigación
La hipótesis de la Fiscalía plantea que Odebrecht habría destinado 1.610.740 dólares a servicios de publicidad en favor de la aspiración presidencial. El dinero comprometido no habría sido reportado en los balances de campaña ni informado a las autoridades electorales.
Para el ente investigador, el origen de esos recursos en una persona jurídica extranjera constituiría una fuente de financiación prohibida para campañas políticas, conforme al artículo 27 de la Ley 1475 de 2011. El expediente penal examina la presunta financiación internacional de la candidatura de Zuluaga en 2014.
Los giros habrían sido efectuados entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá y vinculada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça. En ese momento, la suma equivalía a más de 3.000 millones de pesos.
La Fiscalía mantiene la actuación con fines de extinción de dominio sobre los tres inmuebles. Las medidas cautelares preservan la disponibilidad de los activos mientras avanza ese trámite.
