El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) denunció presuntas presiones del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) para mantener las condiciones de sus contratos de atención. Según la entidad, la organización ha amenazado con suspender el servicio a más de 9.600 niños y adolescentes si los nuevos acuerdos no conservan el esquema vigente.
Contratos del ICBF bajo disputa
El pronunciamiento del ICBF, emitido el 27 de octubre de 2026, sitúa la diferencia en los contratos de aporte para la prestación de servicios. La entidad afirma que el CRIC exige que los nuevos contratos mantengan las condiciones vigentes hasta el 31 de octubre y rechaza las presuntas amenazas e intimidaciones dirigidas a obtener esa continuidad.
La administración del instituto sostiene que los nuevos contratos deben celebrarse con estricto cumplimiento de la ley. En su pronunciamiento, plantea que aceptar las condiciones exigidas podría apartar las decisiones contractuales del marco jurídico que rige la contratación estatal. Esa es la posición de la entidad frente a la exigencia atribuida al CRIC, no una irregularidad contractual ya establecida.
El riesgo para la atención de los niños y adolescentes está ligado, en la denuncia del ICBF, a la posibilidad de que el CRIC deje de prestar el servicio. La cifra de más de 9.600 corresponde a los beneficiarios que, según el instituto, resultarían afectados en ese caso; el pronunciamiento no presenta la suspensión como un hecho ocurrido.
Diálogo sin cambiar las condiciones legales
El ICBF anunció que mantendrá abiertos los canales de diálogo y concertación. También señaló que adoptará sus decisiones contractuales conforme al ordenamiento jurídico y que no aceptará condiciones particulares que impliquen desconocer las normas vigentes.
La continuidad de la atención queda así vinculada a la negociación de los nuevos contratos. La entidad mantiene su disposición a dialogar, pero insiste en que las condiciones para celebrarlos deberán ajustarse al marco legal.
