La Procuraduría General de la Nación abrió dos investigaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en el cumplimiento de una sanción contra Rafael Ángel Castillo Pacheco, quien se desempeñaba como rector de la Universidad del Atlántico para la época de los hechos.
Según el ente de control, Castillo Pacheco habría incumplido una suspensión de cuatro meses, impuesta mediante fallo de segunda instancia el 21 de febrero de 2025, al continuar ejerciendo funciones como nominador, ordenador del gasto y máximo representante académico, pese a que la sanción se encontraba vigente.
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Como consecuencia de esta presunta omisión institucional, la Procuraduría también ordenó investigar a altos funcionarios administrativos de la universidad. Se trata de María Andrea Bocanegra Jiménez, jefa de la Oficina Jurídica; José Waldir Hoyos Franco, jefe de Control Interno Disciplinario; y Salomón Elías Mejía Sánchez, jefe de Talento Humano.
De acuerdo con la investigación preliminar, estos funcionarios no habrían certificado la ejecución efectiva de la sanción, ni el eventual pago de la suspensión convertida en salarios, como lo exige la normativa disciplinaria.
En respuesta a un requerimiento oficial de la Procuraduría, la Universidad del Atlántico reconoció que la sanción no se materializó, razón por la cual no fue posible establecer fechas de inicio ni de finalización de la suspensión, ni se aportaron actos administrativos que demostraran su cumplimiento.
