La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP determinó en su más reciente resolución que 22 militares del Batallón Caldas y un civil desviaron dineros públicos del rubro de gastos reservados para comprar en el mercado negro las armas y uniformes con los que disfrazaron y asesinaron a 11 personas protegidas en Santander entre 2006 y 2008.
La decisión judicial, contenida en la Resolución 170 de 2026, expuso el funcionamiento de una maquinaria criminal financiada por el mismo Estado. Los magistrados concluyeron que la unidad militar no solo engañó a campesinos y habitantes de calle para matarlos, sino que pagó toda la logística de los crímenes con recursos que debían destinarse a la seguridad nacional.
La investigación probó que los militares legalizaron el dinero de los asesinatos a través de documentos falsos. El fallo señaló que se utilizó «dinero de gastos reservados del BICAL para la consecución de material a utilizar en la comisión de estos hechos punibles», lo que implicó la compra de fusiles viejos, granadas y prendas de uso privativo de las fuerzas militares para vestir a las víctimas.
El sargento Yeiro José Trujillo Pacheco, encargado de la inteligencia en la unidad, reconoció ante la justicia que él mismo gestionó estos fondos. El dinero también sirvió para pagar supuestas recompensas a informantes que, en realidad, eran los reclutadores que llevaban a las víctimas hasta el lugar de la ejecución.
Los relatos de los comparecientes detallaron la frialdad técnica de los asesinatos. El cabo Jairo Edwin Montilla Sandoval explicó cómo alteraban la escena del crimen para engañar a los peritos forenses del CTI y hacer creer que hubo un enfrentamiento real.
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«Lo que hago es verificar el cuerpo, la posición, hacerle que dispare con ambas manos», narró Montilla Sandoval. El militar admitió que tomaba las manos de los cadáveres frescos y accionaba las armas plantadas para que quedaran rastros de pólvora en la piel de las víctimas y así fabricar la prueba técnica de combate.
El proceso judicial incluyó careos directos entre los victimarios y las familias de los muertos. En una de las audiencias, el sargento Gustavo Adolfo Osorio Giraldo rechazó cualquier eufemismo sobre «errores militares» y aceptó la responsabilidad total frente a las madres y esposas presentes.
«Ustedes tienen aquí, al frente, un grupo de hombres que en cada caso asesinamos a sus familiares. Ustedes tienen al frente un grupo de asesinos, porque eso somos. No hay que disfrazar lo que somos», declaró el uniformado, cuya confesión fue calificada como un aporte esencial a la verdad.
La JEP impuso sanciones inmediatas contra los implicados. La Sala ordenó a los militares Ricardo Antonio Pérez Eslava y Nelson Yesid Cardozo Hernández devolver las medallas y condecoraciones que la Gobernación de Santander les entregó en su momento como premio por las bajas, que resultaron ser ejecuciones extrajudiciales.
Frente a los uniformados que todavía están activos en el Ejército, como Germán Camilo Martínez Rodríguez y Jairo Edwin Montilla Sandoval, la magistratura ordenó su traslado inmediato. El Ministerio de Defensa deberá ubicarlos en puestos administrativos donde no porten armas, no hagan inteligencia ni participen en operaciones de orden público.
De Colprensa.
