Las recientes declaraciones del extraditado Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, cabecilla de la banda La Inmaculada, abre un nuevo foco de tensión política y judicial en Colombia, al involucrar presuntamente a figuras cercanas a la campaña presidencial.
Expertos reunidos en el Foro Internacional de Razonamiento Probatorio, que se desarrolla en Bogotá con participación de magistrados y exmagistrados de las Altas Cortes, advirtieron que, si se llegara a abrir una investigación formal y se comprobara la veracidad de las acusaciones, el gerente de campaña e incluso el presidente Gustavo Petro podrían enfrentar penas de entre 4 y 8 años.
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Sin embargo, el abogado y moderador del encuentro, José Luis Moreno, fue enfático en que el audio conocido en las últimas horas no constituye una prueba sólida por sí sola, y que cualquier proceso debe sustentarse en material probatorio riguroso, evitando decisiones precipitadas bajo presión mediática.
El panel, con presencia de representantes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y académicos internacionales como Jordi Nieva Fenoll, analiza cómo minimizar riesgos como la arbitrariedad probatoria, la automatización sin controles y la falta de estándares claros en macrocasos de financiación ilegal de campañas.
