La designación de Gabriel Jaime Melguizo Posada como presidente encargado de la empresa energética Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) generó alertas y cuestionamientos sobre presuntos movimientos internos dentro de la compañía.
El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar denuncias relacionadas con posibles presiones laborales y cambios administrativos que, según las alertas recibidas, buscarían desplazar a funcionarios que venían realizando seguimiento a procesos de contratación internacional.
De acuerdo con la información conocida por la Red de Veedurías, la llegada de Melguizo al encargo coincidiría con movimientos administrativos que algunos denunciantes vinculan con intereses alrededor de proyectos energéticos de gran escala.
Entre ellos se menciona el proyecto Ventus, una iniciativa del sector de energía solar que contempla inversiones cercanas a 2.000 millones de dólares. En ese contexto, las advertencias señalan presuntas cercanías entre Melguizo y el directivo empresarial Juan Emilio Posada, lo que ha generado inquietudes sobre posibles influencias en decisiones estratégicas dentro de la compañía.
Sugerencias: Corte Suprema condena al congresista Modesto Aguilera por acto sexual violento
Las denuncias también mencionan la presunta designación de Carlos Duque para coordinar temas relacionados con negocios y procesos contractuales dentro de ISA.
Al mismo tiempo, las alertas apuntan a movimientos administrativos en el área de talento humano. En particular, algunos reportes mencionan a la vicepresidenta de talento organizacional de la compañía, Karen Medina, en relación con cambios internos que actualmente generan controversia dentro de la empresa.
Según Pablo Bustos, la Red de Veedurías de Colombia recibió reportes sobre un posible ambiente de presión laboral contra trabajadores que venían documentando y vigilando procesos contractuales en varios países donde opera Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).
Por esta razón, el dirigente solicitó la intervención de los organismos de control para verificar si existen casos de acoso laboral, conflictos de interés o presiones indebidas dentro de la empresa.
