La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra cinco funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas por presuntas irregularidades en la ejecución de dos contratos suscritos en 2022.
El proceso busca establecer si durante el desarrollo de estos contratos —relacionados con la atención a víctimas del conflicto armado y la prestación de servicios postales— no se habrían cumplido las obligaciones pactadas, pese a que se realizaron pagos que ahora están bajo cuestionamiento.
Los investigados son Guillermo Martínez Daza, Jaime Humberto Jiménez Vergel, Enrique Ardila Franco, Héctor Gabriel Camelo Ramírez y Luis José Azcárate García, quienes ocuparon cargos directivos y técnicos dentro de la entidad.
Según el ente de control, las irregularidades se habrían presentado en el marco de los llamados “bilaterales”, donde, al parecer, los contratistas no ejecutaron lo acordado, mientras que los recursos desembolsados no tendrían un respaldo claro.
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En medio de la investigación, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas documentales para determinar con precisión cómo, cuándo y en qué condiciones ocurrieron los hechos, y así definir posibles responsabilidades disciplinarias.
Este caso se suma a otras actuaciones recientes del Ministerio Público relacionadas con presuntas fallas en contratación estatal, un frente que continúa bajo vigilancia por posibles afectaciones a recursos públicos destinados a poblaciones vulnerables.
