Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que durante 2025 se registraron 4.039 eventos de conflictividad social en 536 municipios del país, lo que representa un incremento del 5% frente a 2024, cuando se reportaron 3.832 casos.
Según el balance, los conflictos siguen marcados por problemas estructurales como el acceso a servicios públicos, la garantía de derechos fundamentales y la débil presencia institucional en varias regiones.
Uno de los datos más relevantes es el aumento del 81% en las protestas por el derecho a la salud, al pasar de 175 a 317 manifestaciones. Las principales causas están relacionadas con la falta de medicamentos, demoras en citas médicas y dificultades en tratamientos.
El informe también identifica que los conflictos se concentran en temas como derechos laborales y acceso al trabajo (18%), fallas en servicios públicos (13%), exigencias de mayor presencia estatal e inversión (12%), así como reclamos por educación y seguridad (11% cada uno).
En cuanto a las formas de manifestación, predominan los bloqueos de vías (41%), seguidos por plantones (39%) y marchas o movilizaciones (5%). Estas acciones han sido protagonizadas por distintos sectores sociales, entre ellos comunidades indígenas, trabajadores, estudiantes y transportadores.
A nivel territorial, Bogotá concentra el 11% de los casos, seguida por departamentos como Valle del Cauca (6%) y otros como Santander, Bolívar, Antioquia, Atlántico, Magdalena y Córdoba, con participaciones cercanas al 5%.
