La Procuraduría General de la Nación abrió actuación preventiva y solicitó información a la Universidad del Atlántico tras la clausura de sus piscinas por presuntas irregularidades denunciadas en medios locales.
El ente de control requirió al rector Rafael Castillo Pacheco detalles sobre las condiciones en que se encontraban las piscinas cuando fueron inspeccionadas por la autoridad sanitaria, así como resultados de pruebas de laboratorio al agua, registros fotográficos y reportes de mantenimiento realizados en los últimos dos años.
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La Procuraduría también pidió información sobre la capacitación del personal encargado del manejo de las piscinas y los protocolos internos adoptados para atender contingencias.
Uno de los puntos clave de la actuación preventiva es la solicitud de información sobre posibles afectaciones a la salud asociadas al uso de las piscinas, además de las medidas tomadas para proteger a la comunidad universitaria antes y después del cierre.
El organismo dio cinco días para entregar respuestas y remitir copia del plan de mejoramiento exigido por la autoridad sanitaria, así como avances en su cumplimiento.
