La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa para establecer posibles responsabilidades en la Agencia Nacional de Infraestructura por presuntas irregularidades en el contrato de modernización, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena.
El proceso pone bajo revisión un contrato superior a un billón de pesos, luego de que el Ministerio Público advirtiera una diferencia de $114.437 millones entre el Valor Presente del Ingreso Esperado (VPIE) pactado en el contrato y el valor ofertado durante el proceso de selección.
Según la Procuraduría, esa diferencia —equivalente al 9,57 % del VPIE— podría alterar la ecuación económica del contrato y generar un eventual perjuicio para la ANI, al ampliar de manera indebida los ingresos proyectados del concesionario.
La indagación también revisa presuntas inconsistencias detectadas después de la firma del contrato, relacionadas con indicadores técnicos, pólizas, fórmulas financieras y requisitos contables, frente a los cuales se habrían presentado solicitudes de modificación.
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El caso abre un nuevo capítulo sobre el proceso de modernización del aeropuerto Rafael Núñez, una infraestructura estratégica para el turismo, la conectividad y la economía de Cartagena.
La actuación disciplinaria busca establecer si existieron fallas en la estructuración contractual o posibles responsabilidades por decisiones que habrían afectado el equilibrio financiero del proyecto.
