El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena declaró en desacato al alcalde Dumek Turbay Paz por incumplir una sentencia judicial que ordena proteger los derechos colectivos de la comunidad del barrio San Bernardo de Asís.
La decisión, emitida por la Rama Judicial de Colombia, concluye que el Distrito de Cartagena no ejecutó de manera integral las órdenes impartidas desde 2013 y ratificadas en 2014 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, pese a múltiples requerimientos, audiencias e inspecciones judiciales.
Juzgado confirma incumplimiento tras más de una década
El despacho judicial verificó, mediante informes técnicos e inspección judicial, que el Distrito incumplió parcialmente las órdenes orientadas a garantizar condiciones dignas de vida en el sector.
Entre los principales hallazgos: El Distrito adelantó estudios técnicos de pavimentación, drenaje pluvial y reubicación, contratados con la Universidad de Cartagena. La administración construyó muros de contención, pero no ejecutó la pavimentación total de las vías ordenadas. El Distrito no cumplió con la instalación del sistema de alcantarillado, una de las medidas clave del fallo.
La administración no adelantó la reubicación efectiva de familias en zonas de alto riesgo, especialmente en el sector “El Panorama”. El juzgado también evidenció errores en la nomenclatura de calles, lo que generó retrasos en la ejecución de obras y confusión dentro de la comunidad.
Fallas administrativas y falta de ejecución
Aunque el despacho reconoció obstáculos como la necesidad de adquirir predios para ejecutar obras de alcantarillado, concluyó que el Distrito no gestionó de forma oportuna ni eficaz el cumplimiento del fallo.
El juzgado dejó claro que las dificultades administrativas o presupuestales no justifican el incumplimiento prolongado de una orden judicial que protege derechos colectivos.
Juzgado impone nuevas órdenes con plazos perentorios
Tras declarar el desacato, el juzgado ordenó medidas concretas y de cumplimiento inmediato: En un (1) mes: el Distrito debe aclarar la nomenclatura real de las calles intervenidas (como calle 53 B, 53 C, 32, 54 A, 55, 56 y 54 C), con participación de la comunidad. En dos (2) meses: debe adelantar procesos administrativos, contractuales y presupuestales para ejecutar las obras de pavimentación pendientes.
En quince (15) días: debe definir y gestionar la adquisición del predio necesario para garantizar la conexión del sistema de alcantarillado. De forma inmediata: debe iniciar el proceso de reubicación del sector “El Panorama”, con cronograma claro de ejecución.
Derechos colectivos siguen vulnerados
El fallo recalca que el incumplimiento afecta derechos fundamentales de la comunidad, entre ellos: El acceso a servicios públicos domiciliarios, la salubridad pública, el derecho a un ambiente sano, la seguridad de las viviendas ubicadas en zonas de riesgo.
La decisión se sustenta en la Ley 472 de 1998 y en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece sanciones para las autoridades que desacatan órdenes judiciales en acciones populares.
La declaratoria de desacato contra el alcalde Dumek Turbay profundizó las críticas de la comunidad de San Bernardo de Asís, cuyos líderes denuncian que el Distrito mantiene incumplidas órdenes judiciales mientras persisten problemas de alcantarillado, vías, riesgo habitacional y falta de agua potable.
Durante una mesa de seguimiento convocada por la Procuraduría, la líder Lorenza Nieto denunció que el alcalde no asistió ni delegó funcionarios con capacidad de responder por el cumplimiento del fallo.
La lideresa aseguró que la comunidad sigue esperando reubicación de familias en alto riesgo, saneamiento básico, pavimentación y soluciones frente a afectaciones ambientales, mientras continúan vulnerados derechos colectivos. “Hay desacato, pero también abandono”, fue el mensaje que dejó la comunidad.
La comunidad sostiene que mientras se anuncian obras en otros sectores, San Bernardo sigue esperando decisiones que un juez ya ordenó cumplir.
Con la declaratoria de desacato, el juzgado abre paso a la imposición de sanciones contra el alcalde, que pueden incluir multas e incluso arresto, dependiendo del nivel de incumplimiento. El despacho judicial también ordenó al Distrito presentar informes periódicos que permitan verificar avances reales en la ejecución de las obras y medidas ordenadas.
