La Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) puso bajo la lupa a la administración distrital de Santa Marta tras radicar una denuncia penal y disciplinaria que apunta a una presunta estructura interna dedicada a actividades político-electorales, en la que estarían involucrados funcionarios, contratistas y personal vinculado a la Alcaldía.
El documento fue enviado a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General, y solicita investigar al alcalde Carlos Pinedo Cuello y a otros posibles responsables por hechos que podrían configurar participación indebida en política, constreñimiento al sufragante y uso de recursos públicos con fines electorales.
Posibles presiones y control político desde la administración
Según los elementos entregados por la superintendente María José Navarro, existiría una presunta red de coordinación interna para movilizar apoyo político desde dependencias oficiales.
La denuncia señala que contratistas y funcionarios habrían sido llamados a participar en actividades como: volanteo en barrios, caravanas y plantones, recorridos políticos y jornadas de registro electoral.
presuntas presiones a contratistas de la Alcaldía Distrital de Santa Marta.
fotografías de personas participando en actividades presuntamente políticas
Lo más grave, según el documento, es que estas actividades habrían estado presuntamente condicionadas a la continuidad de contratos o pagos pendientes, lo que de comprobarse abriría un escenario de presión directa sobre la contratación pública.
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Pruebas bajo análisis: chats, listados y rutas de movilización
La Supersolidaria entregó a la Fiscalía capturas de WhatsApp, cronogramas internos y listados operativos titulados “Toma de Barrios” y “Toma de Semáforos”. En esos documentos aparecerían dependencias de la Alcaldía con fechas, horarios y puntos específicos de actividad, lo que sugiere, según la denuncia, una posible articulación institucional para fines electorales.
la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend
verificación de lugar y mesa de votación, y fecha límite de cargue.
También se menciona el uso de una plataforma digital de recolección de datos ciudadanos, que habría servido para identificar potenciales votantes.
¿Qué está en juego jurídicamente?
De confirmarse los hechos, el caso podría encajar en varias infracciones graves del ordenamiento colombiano:
1. Participación indebida en política
Prohibida para servidores públicos por la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) y reforzada en la Ley 1952 de 2019, que impide a funcionarios intervenir en campañas o promover candidatos.
2. Constreñimiento al sufragante
Tipificado en el Código Penal (artículo 387), cuando se presiona o condiciona a una persona para influir en su voto o participación electoral.
3. Uso indebido de recursos públicos
Implica destinar bienes, personal o estructuras del Estado a fines distintos a los institucionales, lo que viola principios de la función administrativa (art. 209 de la Constitución).
4. Posible abuso de función pública
Si se comprueba el uso del cargo para direccionar actividades políticas, podría configurarse responsabilidad penal adicional.
