La Procuraduría General de la Nación instó a gobernadores, alcaldes y secretarios de Educación a fortalecer de manera inmediata las acciones para prevenir, atender y sancionar cualquier forma de violencia física, psicológica, mental o sexual contra niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas oficiales y privadas del país.
La directriz, emitida mediante un memorando del Ministerio Público, busca reforzar la protección de los estudiantes y garantizar que las entidades territoriales cumplan sus funciones de inspección y vigilancia, especialmente frente a hechos que vulneren los derechos de menores de edad dentro del entorno escolar.
¿Qué deberán hacer las autoridades educativas desde ahora?
La Procuraduría ordenó a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación revisar y actualizar sus protocolos de actuación para que las denuncias sean atendidas de manera oportuna y conforme a la ley.
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Entre las medidas solicitadas se encuentran la activación inmediata de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y la adopción de acciones que permitan proteger a las víctimas desde el primer momento.
El Ministerio Público también recordó que las instituciones tienen la obligación de evitar cualquier forma de represalia, estigmatización o revictimización contra estudiantes, familiares, denunciantes o testigos que participen en estos procesos.
La medida cobra especial relevancia porque, según organizaciones dedicadas a la protección de la infancia, la violencia en los entornos escolares suele estar asociada a factores como el silencio institucional, el miedo a denunciar y la demora en la activación de las rutas de atención, circunstancias que pueden agravar el impacto sobre las víctimas.
La Procuraduría también quiere conocer la dimensión del problema
Además de reforzar las medidas preventivas, el órgano de control solicitó a los jefes de Control Interno Disciplinario impulsar con mayor diligencia las investigaciones relacionadas con presuntos casos de violencia sexual ocurridos en instituciones educativas y remitir oportunamente la información a las autoridades competentes cuando exista mérito para ello.
Como parte del seguimiento, las secretarías de Educación deberán reportar, en un plazo de ocho días hábiles, todas las quejas y denuncias recibidas entre enero de 2025 y el 30 de junio de 2026, con el propósito de establecer el alcance de esta problemática y verificar la respuesta institucional en cada territorio.
La protección de los estudiantes vuelve al centro del debate
La legislación colombiana establece que la protección integral de niños, niñas y adolescentes es una obligación del Estado, las instituciones educativas, las familias y la sociedad. Normas como la Ley 1620 de 2013, que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, fijan procedimientos para prevenir y atender casos de violencia, acoso escolar y vulneración de derechos dentro de los establecimientos educativos.
